El Gobierno ha impulsado el cambio de la legislación farmacéutica dando luz verde al Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que se trata de la primera reforma integral y estructural de esta normativa desde los años 90 y ha agradecido "el diálogo fluido" con la industria farmacéutica y todos los ministerios y actores que han contribuido a la elaboración del texto.

Los tres objetivos fundamentales de la reforma son modernizar el ecosistema de los medicamentos, incorporar las lecciones de la pandemia en lo relativo a la autonomía y las reservas estratégicas y asegurar la sostenibilidad del sistema. Los organismos públicos -ha añadido García- van a estar involucrados en todos los procesos de la investigación, el desarrollo y la comercialización de los medicamentos.

Respecto a la investigación, el anteproyecto regula los ensayos clínicos adaptando la normativa europea. El plazo para decidir si un nuevo fármaco se va a financiar por parte del Sistema Nacional de Salud o qué precio tendrá se acorta hasta un máximo de 180 días. Además, algunos fármacos podrán incorporarse al sistema antes de que se haya adoptado la decisión sobre la financiación.

Por otra parte, el anteproyecto crea un sistema de precios de referencia para que exista una competencia real entre los diferentes medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares. Con este fin, se establecen agrupaciones homogéneas de medicamentos entre los que el paciente podrá escoger en la oficina de farmacia, "y lo que se salga de ese marco de referencia de precios lo puede pagar el propio paciente", según ha explicado la ministra de Sanidad.

El anteproyecto habilita a más profesionales para la prescripción, como las enfermeras y los fisioterapeutas en el ámbito de su competencia. También se faculta al farmacéutico a dispensar un medicamento en una presentación distinta a la prescrita si no dispone de ella cuando el paciente acude a la farmacia, evitando así que tenga que volver al centro de salud.

Para asegurar la autonomía estratégica, la norma refuerza la interlocución entre los laboratorios y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para detectar los posibles riesgos de falta de suministro. Además, refuerza los canales de comunicación en caso de una emergencia de salud pública. Cuando se produzca una alerta que afecte a la disponibilidad de un medicamento, se agilizará la respuesta para asegurar el acceso.