La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), que beneficiará a 180.000 ciudadanos del sur de la región. Se ubica en los juzgados de Parla, y prestará también servicio a los vecinos de la localidad colindante de Pinto. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha inaugurado hoy estas dependencias, y ha asegurado que “con esta actuación se da un paso más en el cumplimiento del compromiso de la presidenta Díaz Ayuso de contar a lo largo de la presente legislatura con este servicio público y gratuito en todos los municipios de la región”.
La de Parla es una de las 14 OAVD adicionales que se han creado en los últimos meses a raíz de una Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del pasado 13 de julio. Los 13 restantes se han habilitado en los partidos judiciales de Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, El Escorial, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.
La de Parla es una de las 14 OAVD adicionales que se han creado en los últimos meses
Esta actuación ha llevado al Ejecutivo autonómico a triplicar este año la plantilla (hasta un total de 52 profesionales) de la red, con la incorporación de 9 nuevos psicólogos, 6 trabajadores sociales y 22 nuevos gestores procesales y administrativos. En la Oficina de Parla hay un profesional de cada una de estas categorías.
Las OAVD son un servicio público y gratuito al que pueden acceder los ciudadanos bien por iniciativa propia, o a través de terceros: Fiscalía, otros órganos judiciales, Policía, Guardia Civil, etcétera.
Los servicios que ofrecen incluyen la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; una primera atención psicosocial; información y orientación sobre los recursos que la Comunidad pone a su disposición, y la posible derivación a otros espacios especializados cuando proceda.
También realizan la coordinación con otras instituciones; el seguimiento e información de la situación procesal de la víctima; y la intervención –psicológica, social o de crisis– con afectados por delitos violentos.