La Comunidad de Madrid está aplicando acciones para proteger a los más de 25.000 inmuebles para personas con escasos recursos, que gestiona a través la Agencia de la Vivienda Social (AVS). En ese sentido, lidera la oferta en España para personas en situación de vulnerabilidad, ya que uno de cada seis pisos construidos a nivel nacional para este fin se localizan en la región.
Martín ha destacado que “desde la Comunidad de Madrid invertimos cinco millones de euros al año en medidas de vigilancia y seguridad para estas viviendas y acabamos de firmar un protocolo de actuación con una de las empresas suministradoras de energía para evitar los enganches ilegales en nuestras promociones con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que allí viven”.
Además de trabajar para erradicar estas actuaciones que afectan a las personas y deterioran los inmuebles, se van a realizar campañas de promoción de contratación de suministros y a facilitar el acceso y la tramitación de bonos sociales para las familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Acabamos de firmar un protocolo de actuación para evitar los enganches ilegales en nuestras promociones
Además, la consejera ha señalado que “en Madrid los okupas no van a encontrar ninguna facilidad”. Aunque en lo que va de año este fenómeno ilegal en la región ha caído un 14,33%. Asimismo, en la Ley Ómnibus, que se encuentra en tramitación parlamentaria, Martín ha informado que se han introducido modificaciones en el régimen del alquiler de viviendas sociales para impedir que se utilicen procedimientos de regularización que las dilaten. Desde 2019, se han recuperado cerca de 500 pisos de la AVS que habían sido okupados.
Propuestas energéticas
Martín ha recordado, en el desayuno informativo organizado por Europa Press, que ya ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con una serie de propuestas que puede aplicar el Gobierno central orientadas a abaratar la factura energética. Entre las medidas a adoptar destacan aquellas fiscales orientadas a refundar hasta ocho impuestos nacionales en uno, así como la solicitud a la Unión Europea de la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del de hidrocarburos.
En el escrito también solicita que se eliminen las subvenciones que no estén vinculadas a la generación de electricidad y que se traspasen los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, así como el déficit de tarifa a los Presupuestos Generales del Estado, y que se abra el debate de la nuclear y se aborde el proceso de prolongación de su vida útil, al ser una energía más verde y menos contaminante.