Joaquín Díaz era jefe del servicio de Cirugía General y de Aparato Digestivo del madrileño centro hospitalario La Paz. Con 67 años, y a punto de jubilarse, había sido director médico del citado Hospital, y también daba clase en la Universidad Autónoma. Su esposa también trabajaba en el mismo hospital como enfermera, y sus tres hijas nacieron allí mismo. Falleció durante la primera ola de la pandemia, concretamente el 18 de abril, infectado por el virus mientras ejercía su profesión durante exhaustivas y continuadas jornadas.
Ahora, un juzgado ha determinado que dicha circunstancia se considera accidente laboral, y por ello condena a la aseguradora Berkley a abonar a sus familiares la cantidad de 150.000 euros, dado que el difunto tenía contratado un seguro de accidentes con la compañía, que en un primer momento, rechazó hacerse cargo, al considerar que el coronavirus quedaba fuera de la cobertura contemplada; alegaba para ello que el origen de su muerte fue "haber estado en contacto con personas infectadas por Covid, y no haber sufrido una inoculación accidental o pinchazo".
Por todo ello, sus parientes decidieron iniciar un proceso judicial que finalmente, y tras un año de litigios, les ha dado la razón. La magistrada, titular del juzgado número 97 de Madrid, considera que, según la RAE, la inoculación -la cual sí está reflejada en la póliza- supone "la introducción en un organismo de una sustancia que contiene los gérmenes de una enfermedad", razón por la que quedaría dentro del marco aceptado por la aseguradora.
Se trata de una sentencia pionera, que por primera vez reconoce como accidente laboral el contagio de un facultativo por coronavirus, con la indemnización que ello conlleva por parte de las compañías con las que se suscriben sendos contratos de seguros. No obstante, se sentaba jurisprudencia, por otro lado, hace apenas unos días, cuando el juzgado de lo Social número 5 de Alicante también exigía a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana a indemnizar hasta con 50.000 euros a los profesionales sanitarios contagiados e ingresados por su exposición al Covid-19, resaltando la falta de protección y material, especialmente en las primeras semanas desde que se declarase el estado de alarma.
La magistrada, titular del juzgado número 97 de Madrid, considera que la inoculación -la cual sí está reflejada en la póliza- supone "la introducción en un organismo de una sustancia que contiene los gérmenes de una enfermedad", razón por la que quedaría dentro del marco aceptado por la aseguradora.
Una medalla al Mérito civil
La familia del doctor fallecido recogía el pasado verano la Gran Cruz del Mérito Civil, a modo de homenaje, que la Casa Real de su Majestad el Rey entregaba a las víctimas de la pandemia, como reconocimiento al personal sanitario, en un acto celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Díaz también había recibido el premio Doctorado de la Fundación López Sánchez, concedido por la Real Academia de Medicina, y era autor de varias publicaciones.