La portavoz socialista, Hanna Jalloul, ha anunciado esta misma mañana, en la Asamblea de Madrid, que el grupo socialista ha decido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la tramitación del procedimiento que está llevando a cabo la modificación de la Ley de Radio televisión Madrid del año 2015 por parte del Gobierno de Díaz Ayuso.
La nueva ley, que fue impulsada nada más saber que Díaz Ayuso era la vencedora en las pasadas elecciones del 4 de mayo y permite al Partido Popular y Vox controlar la cadena pública Telemadrid. El cambio más notorio y polémico, entre muchas otras destituciones, fue el despido de la anterior dirección y el nombramiento de José Antonio Sánchez de forma provisional. Esta designación será finalmente ratificada en la Asamblea este jueves y se sabrá si continua o no en su reciente cargo. El PSOE pide, en este caso, la nulidad, pues según las declaraciones de la portavoz socialista: "Hemos visto que el ejercicio de la función parlamentaria se nos ha hurtado".
Que el proceso se haya hecho por lectura única y, por ende, no permita hacer enmiendas es algo que ha criticado Jalloul y, además, ha aclarado que su formación no ha presentado antes este recurso porque tenían que comprobar su posible "viabilidad": “El procedimiento de lectura única priva a los recurrentes en amparo de su derecho de enmienda en el procedimiento legislativo”.
La posición de Vox aún en el aire
El nuevo administrador provisional, José Antonio Sánchez, es votante confeso del Partido Popular y ya ha acometido diversos e importantes cambios en la dirección y jefaturas antes de ser ratificado por la Asamblea en este cargo. Este jueves se votará, en una segunda vuelta, su ratificación, pues se había establecido este jueves como la fecha límite para conseguirlo, siempre y cuando se consiga una mayoría absoluta, algo para lo que el PP necesitaría el apoyo de la ultraderecha de Vox que, tras muchos vaivenes, continúa dejando en el aire su posición.
Es más, ante la posibilidad de que Vox no apoyase esta ratificación de Sánchez, el Gobierno de Ayuso ha impulsado un cambio, no recogido en la ley original, que pretende configurar la figura de un directivo suplente por si se diese la circunstancia de que no hubiera un director en el cargo o, como en este caso, un administrador provisional.