El suceso ocurrió el 21 de marzo cuando en la casa había un número por encima de las personas permitidas por las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias, además de que se estaban incumpliendo otras medidas como la prohibición de reuniones de no convivientes.  Seguidamente, el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid comenzó una diligencia para investigar a los jóvenes, siendo recurrido ante la Audiencia de Madrid. 

"No era necesario penetrar a la vivienda por la fuerza, quebrantando el derecho a la inviolabilidad del domicilio", declaran los magistrados, quienes además explican que "únicamente se negaron a abrir la puerta y con ello a identificarse".