El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, ha resuelto la actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, con efectos de 1 de enero de 2022, y de acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo, tal como contempla el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Para las autopistas gestionadas por Seittsa, que no se incluyen en esta actualización, siguen vigentes las tarifas aprobadas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 27 de diciembre de 2018). De ese modo y, por Orden Ministerial, a partir del 1 de enero próximo, a las actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado, se les aplicará un incremento del 1,97%.
Excepcionalmente, en cumplimiento de normas específicas, los peajes de cuatro autopistas tienen un incremento adicional. Estas normas recogen subidas escalonadas de tarifas para cubrir costes por excesos de valoración de expropiaciones o por ejecución de obras, en que han incurrido las respectivas sociedades concesionarias, para financiar bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público.
En concreto, la AP-7 Alicante-Cartagena sube un 2,99%, al igual que la autopista AP-9, El Ferrol-Frontera portuguesa y también la autopista AP-46 en el tramo Alto de Las Pedrizas - Málaga, mientras que la autopista AP-6, Villalba-Adanero se encarece, en su caso, un 2,84%.
Excepcionalmente, en cumplimiento de normas específicas, los peajes de cuatro autopistas tienen un incremento adicional.
Por otro lado, el Real Decreto 681/2021 contempla que en los años de vigencia de la concesión en los que el coste de las medidas de bonificación no alcance el valor estimado recogido en las correspondientes partidas presupuestarias, el importe sobrante se pueda emplear para reducir el saldo de compensación previsto en el Real Decreto 1733/2011, de forma que pueda amortiguarse la subida extraordinaria de tarifas a los usuarios o reducirse el plazo de aplicación de las mismas, manteniendo la neutralidad a efectos económicos para la concesionaria.