Este jueves será sometida a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. La nueva norma ha sido negociada durante meses con la comunidad educativa, las empresas, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, en su trámite parlamentario se han aceptado más de 200 enmiendas.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha reiterado su llamamiento al consenso en materia educativa y manifestado su voluntad de que la ley de Formación Profesional obtenga un amplio apoyo parlamentario. "Es posible que mañana la ley se apruebe sin un voto en contra. Es un motivo de satisfacción que, por fin, frente a una sociedad tan diversa y un arco parlamentario tan amplio, podamos llegar a un acuerdo en una ley tan importante como país como es la ley de FP. Una ley que busca fundamentalmente dotar a nuestros jóvenes de una formación de primera, y, sobre todo, que puedan tener acceso a un contrato de trabajo estable y bien remunerado", ha dicho.
Aspectos fundamentales de la nueva Formación Profesional
La ministra ha destacado que toda la Formación Profesional (FP) se integra en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, para que puedan programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades. "Terminamos con ese doble modelo que existía de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo y dotamos a nuestro país de un sistema único sin apellidos, mucho más flexible y mucho más accesible", ha remarcado.
Alegría ha explicado que las reuniones con las organizaciones empresariales y sindicales han permitido determinar de antemano qué profesionales va a demandar el tejido productivo, por lo que la nueva FP posibilitará que las empresas puedan obtener los perfiles profesionales que necesiten.
Toda la formación será dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de FP van a tener posibilidad de un periodo de formación y de prácticas en la empresa. La ministra ha concretado que la FP general tendrá un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35% y la FP intensiva de un 35% a un 50%. En esta última modalidad existirá una vinculación contractual remunerada del estudiante con la empresa.
Pilar Alegría también ha subrayado que la oferta educativa está vinculada con la digitalización, la internacionalización, el emprendimiento y la sostenibilidad. A lo largo de estos dos años, ha recordado, el Gobierno ha puesto en marcha 25 nuevas titulaciones acorde a los sectores emergentes.
En su trámite parlamentario se han aceptado más de 200 enmiendas.
Mochilas formativas, conexión con la universidad y acreditación de competencias
La ministra ha indicado que cada ciudadano irá adquiriendo formación entre los distintos itinerarios que plantea la FP, que sumará a su "mochila formativa", y dispondrá un servicio de orientación profesional. Las comunidades autónomas podrán adaptar la formación a la realidad del tejido productivo de cada uno de sus territorios e introducir complementos formativos propios.
La norma regula la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas, en ambos sentidos, y trabajar en proyectos conjuntos. Otro aspecto destacado por la ministra es que se mejora la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El Gobierno prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en los próximos tres años.
Pilar Alegría ha afirmado que el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años. Ya ha financiado 120.000 en el curso 2020/2021, otras 60.000 se financiarán en el curso 2021/2022 y el resto se pondrán en marcha antes de 2023. La ministra ha resaltado que con el proyecto de formación profesional se reducirán las tasas de desempleo juvenil que, en la actualidad, se sitúan en el 35%. "Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en modernización de economía y reducir el desempleo juvenil", ha dicho.
Reforma curricular y colaboración público-privada
Durante su intervención, Alegría ha recordado también el trabajo realizado con la reforma curricular para avanzar hacia una enseñanza más competencial, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y de otros países europeos; la puesta en marcha de un sistema de evaluación continua y colegiada; el impulso a la digitalización del sistema; así como la apuesta del Ministerio por el refuerzo y la orientación escolar. "El reto está en dotar de los medios y oportunidades a los estudiantes cuando se detecta un problema", ha señalado.
Por último, la ministra ha defendido la colaboración público-privada, como la que fomenta la HAZ, Alianza por la Educación. "Para discurrir en el camino hacia esa mejora educativa, necesitamos claramente esa colaboración de las administraciones educativas, con las empresas, las fundaciones y las ONG. Entre todos podemos sumar ese magma que nos lleve a esa calidad educativa", ha concluido.