Tras las elecciones generales el panorama político está que arde. Desde VOX han querido manifestar "su preocupación ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sea investido presidente con los apoyos del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, Bildu, PNV y ERC, cuya secretaria general fugada en Suiza, Marta Rovira, es la encargada de negociar con el PSOE dicho acuerdo".
VOX denuncia que dicho gobierno constituiría una "grave amenaza" al orden constitucional y a la convivencia, con la posibilidad de que Sánchez incluso "concediera un referéndum de autodeterminación, tal y como le reclaman los sediciosos, lo que supondría un golpe de estado promovido por el propio gobierno que probablemente conllevaría una ruptura de la convivencia y la paz social".
"Ya en la pasada legislatura Sánchez indultó a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación, y posteriormente reformó el código penal para eliminar la sedición y rebajar el de malversación. Todo ello como peaje a ERC, uno de sus socios durante la legislatura. Ahora, que necesita el apoyo activo de Junts y Bildu, el simple inicio de negociaciones con esas fuerzas constituye una grave amenaza a los fundamentos del orden constitucional", ha expresado la formación.
VOX denuncia que dicho gobierno constituiría una "grave amenaza" al orden constitucional y a la convivencia
Desde VOX han recordado las recientes palabras de su líder, Santiago Abascal, en las que aseguraba que "no serían un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional”.
Así, los 33 diputados de VOX apoyarían una mayoría constitucional en la cámara baja que permita formar un gobierno que "evite dichas amenazas". "VOX no será la excusa de nadie ni el impedimento para evitar un gobierno de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución", indican.
Para finalizar, insisten en "esta postura, que consideramos prudente y sensata, a pesar de quienes se empeñan en demonizar y culpar a VOX, demonizando y culpando a más de tres millones de españoles que tienen derecho a la representación política".