“El juicio contra mí, porque además para un medio de comunicación concreto parece que era el único investigado, no será el próximo mes de febrero y no lo será porque no habrá juicio”. De este modo comenzó su rueda de prensa ante los medios de comunicación el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, para explicar las últimas novedades en torno al llamado “de forma interesada” por parte de algunos medios y del Partido Popular ‘Caso Calvario’.
El pasado mes de junio estaba citado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares junto a los otros procesados con motivo del inicio del juicio oral por este asunto. Sin embargo, apenas unos días antes la jueza titular del mismo decidió modificar la apertura de juicio oral por otra sesión para resolver cuestiones previas. El cambio, como ha comentado el regidor cosladeño “era importante y significativo porque suponía que la magistrada hacía caso a lo que, desde hace años, veníamos reclamando mi abogado y yo”.
Archivo definitivo sin posibilidad de recurso
Tras esa jornada del 24, a principios de julio (en concreto el día 4), tal y como estableció en un auto la misma jueza se determinó “la declaración de nulidad de esas declaraciones de investigados por intempestivas y, por consiguiente” declaró “el sobreseimiento libre y archivo definitivo” de todas las actuaciones contra Ángel Viveros, señalando, además que “contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno”.
El primer edil de Coslada ha aclarado ante los medios de comunicación que a lo largo de este tiempo, “sin olvidar que hablamos de un proceso que se inició hace una década”, hay cuatro momentos fundamentales.
El primero es cuando se inician las actuaciones contra la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia para excavación a “El Corte Inglés, a cambio de la permuta, en ese terreno situado junto al Recinto Ferial de nuestra ciudad”. En realidad, aseguran que “desde el principio no tiene pies ni cabeza, porque cuando se requiere por parte de los juzgados de Coslada al entonces alcalde del PP que remita el convenio firmado con El Corte Inglés (en abril de 2007, a un mes de las elecciones), este no envía el que él mismo firmó y que es el que propició el acuerdo de permuta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid”. El que remite es el segundo relativo al cambio de las dotaciones municipales, que como ha explicado este miércoles Viveros “es el que se aprueba en Pleno siendo yo alcalde, pero sin modificar el acuerdo urbanístico, sino las dotaciones que la empresa debería construir a cambio de la permuta, tal y como llevaba yo en mi programa electoral en aquellos comicios de 2007”.
Es el año 2014, gobernando el PP. Este primer intento de abrir un proceso se archiva por parte de la Fiscalía de Alcalá de Henares. Sin embargo, en el año 2017 se vuelve a reabrir el proceso desde los juzgados de Coslada, y se hace con base en el segundo convenio. Como consecuencia de esto, la jueza decide considerar investigados a todos los miembros de la Junta de Gobierno que en 2010 (ya con Ángel Viveros como alcalde), dio el visto bueno a la licencia de obras correspondiente, entre ellos también al exalcalde y portavoz del PP que formaba parte de la Junta de Gobierno. “No hay que olvidar que este órgano es colegiado y solidario, es decir, todos los votos de los miembros valen lo mismo, de ahí que todos pasásemos a situación de investigados”, ha indicado hoy el alcalde cosladeño.
Hablamos de un proceso que se inició hace una década
“Sorprendente decisión de la jueza”
Precisamente, el segundo momento es cuando la jueza de la sede de Coslada, decide mantener solo la calificación de investigados al alcalde, al que entonces en 2010 era concejal de Urbanismo, y a dos funcionarios del Ayuntamiento. “Lo llamativo – ha recordado el regidor- es que, tal y como hicimos saber en su momento, ese órgano, la Junta de Gobierno, es colegiado y solidario”, según el Reglamento Orgánico Municipal y el Derecho Administrativo, por lo que todos sus miembros son responsables a partes iguales.
El tercer momento clave se produce cuando la misma jueza, “probablemente al observar que la imputación inicial por un posible delito de destrucción de patrimonio no hay por donde cogerla y está a punto de prescribir, si no lo había hecho ya entonces”, adopta la medida de sumar al citado ilícito el de prevaricación administrativa, cuyos plazos de prescripción son mucho más amplios. Y esto siempre sin permitir al alcalde recurrir dicha acusación con su declaración, provocando una indefensión evidente, que luego ha recogido la jueza en su auto de julio.
Esto se hace “a pesar de la petición cursada por mi abogado de que me permitan defenderme a través de mi declaración, además de agregar la solicitud de toma en consideración del primer convenio entre el Ayuntamiento y El Corte Inglés de abril de 2007, un informe pericial y pruebas testificales, si no que directamente la jueza da curso para la apertura ya del juicio en la sede de Alcalá de Henares”. En un primer momento, se establece como fecha principios de este año, aunque en dos ocasiones se aplaza por cuestiones relacionadas con los letrados de la defensa. Finalmente, se fija el 24 de junio el inicio del juicio oral.
En 48 horas anula el inicio del juicio
El último momento que ha destacado el alcalde de Coslada “es el ya comentado de la decisión de la magistrada del juzgado de lo Penal número 4 de la ciudad complutense de, en apenas 48 horas tras petición de mi abogado, y seguramente observando que todo lo actuado carecía de solidez jurídica, modifica la apertura del juicio oral por una sesión para resolver las cuestiones previas, y tras la misma dicta el 4 de julio este auto de sobreseimiento y archivo definitivo”, sin opción alguna de recurso.
Sobre lo vivido estos años Ángel Viveros ha subrayado que “han sido duros en lo personal, con repercusión en la salud, en lo económico y, cómo no, en lo político, porque casualmente, aunque no creo en este tipo de coincidencias, las veces que ha habido comunicaciones desde los juzgados de Coslada que han conocido antes unos determinados medios que nuestros propios abogados se producían a escasas semanas de procesos electorales”. Así sucedió, según ha dicho, “tanto en las municipales de 2019 como en las de 2023, y estoy seguro de que también influyó en el voto o la abstención de muchos vecinos y vecinas”.
En los datos ofrecidos hoy, el regidor ha enumerado que “hasta llegar a junio de este año, no se ha tenido en cuenta mi testimonio, tampoco el informe pericial elaborado por expertos universitarios, ni siquiera la solicitud de testigos como técnicos de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio, o el responsable de la obra. Nada se tuvo en cuenta, como si no se hubiese pedido, pero sobre todo se obvio el primer convenio, el firmado por el PP… todo muy extraño”.
Precisamente, en este punto, no dudó en “reprochar la actitud mezquina, irreverente, falsa e insultante del PP y de algunos medios, casi ninguno por fortuna, que no han tenido reparo en todo este tiempo en mentir sobre este asunto, en faltar al respeto constantemente con falsedades o medias verdades”.