El análisis de la documentación permitió conocer que algunos de estos portes estaban realizados por personas con antecedentes policiales por tráfico ilícito de vehículos, hecho que hizo saltar las alarmas de que estas personas estuvieran nuevamente dedicándose a la actividad ilícita.

Los portes los realizaban utilizando autorizaciones como trabajadores, lo que les permitía la movilidad por todo el territorio nacional sin restricciones en furgonetas y camiones alquilados previamente por los cabecillas y para los que utilizaban cartas de porte y albaranes falsificados por “empresas pantalla” que finalmente resultaron estar dirigidas por el líder de la organización.

El avance de la investigación permitió llegar hasta una nave situada en la localidad madrileña de Fuenlabrada, lugar donde los agentes encontraron numerosos vehículos de alta gama que estaban siendo despiezados y que figuraban como sustraídos. 

A raíz de las gestiones realizadas en torno a esta nave se descubrieron otras cuatro más en Parla, Alcobendas, Humanes y Torrejón de Ardoz, hasta donde la organización trasladaba los coches una vez que los habían “enfriado” en zonas alejadas del lugar de donde los habían robado.

Su zona de actuación en cuanto al robo de los vehículos era la periferia de Madrid, principalmente en la zona sur, habiendo cometido gran cantidad de hechos delictivos en Alcorcón, Pinto, Móstoles, Valdemoro, Leganés y Getafe. También es significativo el número de robos llevados a cabo en los municipios de Illescas y Seseña (Toledo).

Los agentes constataron que los robos los cometían dos o tres veces por semana, principalmente en horario diurno, valiéndose del confinamiento total de la población y del consiguiente retraso en el conocimiento de las sustracciones de los vehículos por los legítimos propietarios.

La segunda fase de la investigación se centró en el análisis de la estructura de la organización, que estaba piramidalmente constituida por un empresario español, un hombre de su total confianza y por diferentes eslabones que desempeñaban funciones concretas y diferenciadas dentro del entramado delincuencial.

La primera sección delictiva estaba formada por miembros de origen rumano, dedicados exclusivamente a la sustracción de vehículos que previamente había ordenado la dirección de la organización. Estas personas contaban con conocimientos técnicos especializados en mecánica de precisión, electrónica del automóvil, control de automatismos y de sistemas de cerrajería necesarios para realizar con éxito las aperturas e inhabilitación de los sistemas más modernos de seguridad de los vehículos. Asimismo, disponían de los dispositivos electrónicos más innovadores del mercado negro para acceder, modificar y alterar las centralitas realizando robos completamente limpios y seguros sin dejar rastro.

Una vez que habían robado el vehículo era este eslabón el encargado de estacionarlo en núcleos de población alejados del lugar de la comisión durante uno o dos días, para eludir un posible control policial.

Transcurrido el tiempo oportuno estimado por la dirección de la organización, otra sección se encargaba de trasladarlos con extremas medidas de seguridad hacia el interior de la estructura logística de naves y fincas que habían escogido cuidadosamente.

Ya en el interior de las diferentes naves, otro eslabón se encargaba del despiece, embalaje y empaquetado de piezas efectos, para que una vez finalizado el estado de alarma se le diera salida en el mercado negro a receptadores.

Todo el entramado estaba liderado por un empresario español que era auxiliado por otro hombre de su total confianza. Los demás miembros de la organización estaban encuadrados en eslabones subordinados, que actuaban con total ascendiendo fidelidad al líder.

Dada la gran actividad delictiva e itinerancia del grupo, el pasado mes de octubre se procedió a realizar cinco registros en las diferentes naves, así como cuatro inspecciones en otras fincas y talleres que la organización utilizaba. Se ha recuperado 64 vehículos sustraídos y miles de piezas de otros 209 coches que se ha constatado que habían sido manipuladas, como el borrado o alteración parcial o total de los elementos que guardan trazabilidad, y que estaban dispuestas para darles salida en el mercado negro. El valor económico de los efectos recuperados supera los 2.300.000 euros.