La sección de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que la Comunidad de Madrid está despidiendo a los interinos del Hospital de Fuenlabrada de más antigüedad para cubrir los puestos con los opositores que han conseguido alguna de las 410 plazas fijas incluidas en la última Oferta de Empleo Público, aprobada con motivo de la ley estatal de estabilización de los empleados públicos.
Esta nueva legislación permite a las Administraciones Públicas sacar las plazas estructurales con más de tres años de antigüedad. Y en el proceso de selección aquellos interinos que llevan ocupando esas plazas, en algunos casos durante décadas, tienen determinadas condiciones a la hora de enfrentarse al proceso. Dependiendo de su tiempo de trabajo pueden aprobar definitivamente su plaza por varias vías. Los de más antigüedad pueden pasar por un concurso de méritos y no tienen necesidad de volver a pasar por un examen; otros, en cambio, deben volver a examinarse con el riesgo de que se queden finalmente sin plaza. En esos casos, la Ley obliga a que se les pague una indemnización de 20 días por año trabajado. Esto último es lo que está pasando en el Hospital de Fuenlabrada, según la denuncia del sindicato.
CCOO tiene constancia de que 40 de los 71 profesionales cesados en el centro hospitalario han demandado a la Consejería de Sanidad, responsable final de estos trabajadores, y todos los casos juzgados han dado la razón a los trabajadores. Según cálculos del propio sindicato, la administración regional podría tener que hacer frente al pago de alrededor de 1.120.000 euros.
Los representantes de CCOO se han reunido ya con Vanessa Lillo, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid que se ha comprometido a denunciar esta situación en el parlamento regional.
Unidas Podemos considera que “este maltrato laboral está provocando que se acuda a la justicia y se tenga que indemnizar con dinero público. Entendemos que si las cosas se hubiesen hecho bien desde el principio, no tendríamos que estar hablando de esto. Estamos hablando de mucho dinero público que es de los madrileños y madrileñas y por culpa de una gerencia que no sabe gestionar, o no ha querido, nos encontramos en estas circunstancias”, afirma Vanessa Lillo.
El Hospital de Fuenlabrada convocó esas 410 plazas de las que 339 profesionales consiguieron consolidar su puesto. Pero el problema está en aquellos trabajadores que después de años de experiencia en el hospital se ven ahora fuera ante la imposibilidad de poder superar un examen. Hay que tener en cuenta que se trata de gente de cierta edad, con cargas familiares, y con largas jornadas de trabajo que no pueden parar para prepararse una oposición ni competir con gente más joven, más preparada para superar ahora mismo un examen. Por eso, la legislación tenía en cuenta esa experiencia profesional. La realidad está demostrando que eso no es suficiente para que hay personas que se vean en el paro tras años de sufrir larguísimos periodos en fraude de ley.
CCOO considera que la medida aprobada a finales de 2021 está generando un doble perjuicio. Hay profesionales interinos con más de 12 años de antigüedad en el centro que son despedidos, mientras que hay otros de menor antigüedad que siguen en sus puestos. Esto ocurre porque precisamente los que no han conseguido consolidar la plaza son las personas con más años de experiencia profesional.
Todos los casos juzgados de las 40 demandas que, hasta ahora, se han presentado por cese improcedente han obtenido el respaldo de los tribunales con indemnizaciones de entre 240 y 320 días
Demandas ganadas
Todos los casos juzgados de las 40 demandas que, hasta ahora, se han presentado por cese improcedente han obtenido el respaldo de los tribunales con indemnizaciones de entre 240 y 320 días.
Quince de las demandas presentadas son de facultativos, enfermeras y trabajadores sociales y las indemnizaciones por cada uno de estos ceses se cifran entre 30.000 y 40.000 euros (600.000€). Las demandas del resto de las categorías, 26 presentadas (520.000€), están entre 15.000 y 20.000 euros de indemnización por profesional. CCOO, además de una ilegalidad, considera que la actuación del Gobierno regional constituye un derroche de dinero público.
El grupo parlamentario Unidas Podemos se ha comprometido con CCOO Sanidad Madrid a poner en marcha diferentes iniciativas en la Asamblea de Madrid para atender aquello que considere “justo”, con el fin de revertir la situación en el Hospital de Fuenlabrada y, al menos, poner de manifiesto que no está de acuerdo con ella.