Varios trabajadores de la empresa OMBUDS que ejercen funciones de seguridad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y otros edificios municipales se han dirigido a la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Noelia Núñez, para trasladarle la situación en la que se encuentran actualmente.
Según relata un comunicado del PP fuenlabreño, la empresa adeuda,” entre proveedores y salarios, cerca de 200 millones de euros”. De hecho, el pasado 14 de noviembre OMBUDS “solicitó al juzgado número 13 de lo Mercantil de Madrid la liquidación de la sociedad, toda vez que no llegaron a acuerdo alguno en el concurso de acreedores”.
Un futuro incierto
El grupo municipal popular ha registrado varias preguntas con el objetivo de que el alcalde, Javier Ayala, se pronuncie y “aclare en qué situación se encuentran los distintos contratos que el Ayuntamiento tiene con la empresa OMBUDS” y, por ende, que explique cuál va a ser el futuro de “esas 60 familias que pronto podrán quedar sin trabajo”.
Núñez añade que “los mismos trabajadores se han sorprendido ante la falta de acción del gobierno municipal y aseguran que son conocedores de la problemática que atraviesan”.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada aclara que los pagos se encuentran regularizados y que se está trabajando para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo
Los trabajadores: principal objetivo del ayuntamiento
El Ayuntamiento de Fuenlabrada aclara que “viene trabajando desde el pasado verano para garantizar, tanto el servicio como el mantenimiento de los puestos de trabajo de los empleados y el pago de sus nóminas”. En este sentido, el consistorio asegura que, actualmente, los pagos se encuentran regularizados, “excepto la paga extraordinaria de verano”.
En este sentido, se está trabajando también en la elaboración de un pliego para volver a adjudicar el contrato de seguridad y garantizar el servicio, al mismo tiempo que se subroga a los trabajadores y trabajadoras, “que son los principales objetivos del ayuntamiento”.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada explica que, dada la situación de la empresa, es el juzgado de lo Mercantil el que tiene potestad para “resolver la concesión del contrato, tal y como indica la Ley Concursal y han ratificado varias sentencias judiciales”.
Varias administraciones públicas afectadas
La portavoz popular pide también explicaciones acerca de la renovación de un contrato el pasado verano “por un coste de 148.508 euros”, cuando, asegura, “de sobra eran sabidos los problemas económicos por los que atravesaba la entidad”.
Por su lado, el ayuntamiento aclara que el contrato renovado el pasado mes de junio se refiere al mantenimiento de alarmas y no al de vigilantes. Además, añaden que se trata de un contrato “en el que no se había producido incidencia alguna”. Además, fuentes municipales alegan que en junio no se conocía “el problema de impagos de la compañía de seguridad ni la declaración del concurso de acreedores”.
La situación generada en el Ayuntamiento de Fuenlabrada se repite en “decenas de administraciones públicas y organismos como Metro de Madrid o la EMT, servicios penitenciarios de varias comunidades y varias diputaciones provinciales”, aclaran las mismas fuentes.