El conflicto entre la embotelladora de Coca-Cola y los trabajadores conocidos como los 'espartanos' continúa tras cinco años después de que se anunciara el ERE. Los trabajadores "Coca-Cola en Lucha" se organizaron para evitar el cierre y los despidos de la fábrica situada en Fuenlabrada, permaneciendo casi dos años acampados a sus puertas.
El portavoz de estos trabajadores, Juan Carlos Asenjo, vuelve a enfrentarse a una pena de presión de dos años y nueve meses de cárcel que piden desde la empresa, acusándolo de delitos de usurpación y coacciones.
El comienzo del conflicto
En el año 2014 la empresa Coca-Cola Iberian Partners, que actualmente está integrada en Coca-Cola European Partners, decidió cerrar la fábrica de Fuenlabrada y puso en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a sus trabajadores por temas de despidos, traslados y prejubilaciones.
Debido a ello los trabajadores se movilizaron, con Juan Carlos Asenjo como rostro de esta lucha. Alrededor de 2.000 trabajadores afectados, y casi 300 de ellos permanecerían en una acampada que duró casi dos años frente a la puerta de la fábrica. No sólo hubo problemas con los despidos, los traslados o las prejubilaciones, también con la vulneración del derecho de huelga.
Cartel de la concentración / CocaCola en Lucha Twitter
La embotelladora hace responsable a Asenjo de las acciones durante la acampada y piden dos años y nueve meses de cárcel para él
Unas negociaciones dudosas
Juan Carlos Asenjo se ha enfrentado a cuatro procesos judiciales hasta ahora, de los cuales ha quedado absuelto, en relación con unos incidentes en el año 2014 durante un pleno del Ayuntamiento de Leganés. También fue acusado de agredir a un policía durante la huelga general 2012, aunque finalmente se determinó que el agredido fue el propio Asenjo.
Desde Coca-cola European Oartners se hace responsable a Asenjo de las acciones que fueron llevadas a cabo por el grupo de los acampados a la puerta de la fábrica. La demanda se interpuso en 2015 y tramitada en el juzgado de Móstoles. Ahora Asenjo está a la espera de juicio que podría determinar si cumpliría o no la pena de cárcel.
Desde la embotelladora se le ha acusado de utilizar métodos violentos en su reivindicación, incluso impidiendo el acceso a la fábrica bloqueando las puertas y realizando barricadas. Es por ello que se le acusa de usurpación de la propiedad de la empresa, así como coacción, utilizando incluso las propias declaraciones del acusado a la prensa durante este proceso.
Por su parte, la empresa no aplicó las sentencias de la Audiencia Nacional en la que se ordenaba, entre otras, la suspensión cautelar del ERE, señalando prácticas de esquirolaje, y readmitiendo a los 236 despedidos en la planta. La planta nunca ha sido reabierta, aunque se ha abierto una vía de negociación entre los trabajadores organizados en Coca-Cola en Lucha y la propia empresa. Entre otras cosas, se negocia las condiciones de readmisión de trabajadores en la antigua fábrica, aunque desde el colectivo de trabajadores no creen que Coca-Cola tengan interés en que la fábrica vuelva a la actividad. Si las negociaciones llegan a un punto de inflexión, este caso volvería a retomarse por métodos judiciales.
Por este motivo, los trabajadores han convocado este martes una concentración frente al Congreso de los diputados para condenar el incumplimiento de las órdenes de la Audiencia Nacional por parte de la embotelladora, así como para exigir que las condiciones de las readmisiones se cumplan. Y, de paso, recordar que este conflicto aún no ha terminado.