La inflación está escalando a ritmos no vistos desde los años ochenta. En el último año los precios han subido nada menos que un 7,6%. Y lo que es más preocupante, se están consolidando algunas tendencias que podrían mantener los precios altos en el futuro. El primer aspecto se debe a la propia transición energética, que ahora será acelerada para acabar con la dependencia de Rusia. Este proceso tiene varios costes, desde los propios desincentivos a las energías contaminantes hasta el encarecimiento de los productos necesarios para la construcción de molinos eólicos, placas solares, conexiones, etc.
En segundo lugar, ha influido notablemente la relocalización de la producción que ya estaba sobre la mesa por la pandemia por la dependencia de terceros países, y que ahora se pone más en evidencia con la guerra de Vladímir Putin.
Una tercera causa es el incremento de demanda que vivirán las economías desarrolladas con los planes de inversión pública, que ya están empezando a desplegarse.
Por último, el gran número de trabajadores que ha abandonado el mercado laboral tras la pandemia reduce la oferta de mano de obra y está encareciendo los salarios en muchos países desarrollados.
Un hogar estándar, cuyo nivel de gasto mensual fuera, pongamos, de unos 1.000 euros al mes antes de la pandemia, ahora está obligado a pagar casi 70 euros más para adquirir los mismos bienes y servicios que entonces. Al final del año, esto implica un encarecimiento del coste de la vida de 800 euros. Un presupuesto que para muchos hogares supone tener que renunciar a una parte de su consumo para llegar a fin de mes.
El 30% de la inflación que están soportando las familias se debe a la subida del recibo de la luz. Según el INE, el precio de la electricidad para los hogares se ha disparado un 75% en los dos últimos años. Esto significa que solo el recibo de la luz se llevaría 231 de los 800 euros de la inflación. El encarecimiento de los costes energéticos ha terminado por trasladarse al resto de bienes y servicios. La alimentación es uno de los sectores que está trasladando rápidamente esta subida de costes. Los hogares pagan hoy el precio de los alimentos un 7,6% más caro que antes de la pandemia. Esto no es nuevo, como se empeñan los socialistas del gobierno nacional.
Hay que señalar que la alimentación, antes de Vladimir Putin, ya sufrió una primera fase inflacionista al inicio de la pandemia, cuando la demanda se concentraba básicamente en los supermercados y las farmacias. El precio del aceite y las grasas se ha disparado un 30% en los dos últimos años.
El transporte ha tomado el relevo a la electricidad como el gran culpable de la inflación. Con el precio del litro de gasolina cerca de los dos euros, llenar el depósito del coche casi se ha duplicado en el último año. La subida de los carburantes se traslada rápidamente a las empresas porque encarece bruscamente los transportes de sus bienes a tasas del 6% interanual, cifras que no se veían desde la burbuja inmobiliaria. Esta subida es especialmente grave para las rentas bajas, ya que son quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
El precio de los combustibles ha reaccionado rápidamente a la subida del barril de Brent en el mercado europeo. Sin embargo, lo han hecho a un ritmo inferior al del petróleo, como ocurre habitualmente, ya que el coste del barril se traslada de forma más lenta al precio final. Así, por ejemplo, durante la pandemia el precio del petróleo se hundió casi un 60% y las gasolinas apenas cayeron un 17%. Por el contrario, desde esos mínimos el crudo se ha disparado un 255%, mientras que el precio de los combustibles en las gasolineras ha subido algo más de un 44%.
El encarecimiento de las materias primas también se contagia a otras industrias. Es el caso, por ejemplo, de los muebles, que se han encarecido un 9% en los dos últimos años. Los hogares también han invertido en mejorar su equipación doméstica durante la pandemia, lo que ha provocado una elevada demanda de muebles y otros aparatos eléctricos.
La evolución de la inflación dependerá en parte de la guerra en Ucrania que genera grandes presiones inflacionistas a través de la energía y las materias primas. El resultado de esta contienda será muy relevante, ya que si la inflación se mantiene persistentemente alta durante todo el año generará una gran pérdida de poder adquisitivo. Pero no podemos depender únicamente de factores externos, también se puede trabajar en políticas internas que suavicen el impacto del conflicto.
Por todo ello, Ciudadanos ha presentado al Gobierno de España un Plan de apoyo para frenar la inflación y ayudar a las economías españolas donde destaca deflactar el IRPF, bajar los impuestos sobre los carburantes, prorrogar el IVA reducido en la electricidad, convocar la Mesa por la Energía para buscar soluciones a medio plazo así como eliminar gastos innecesarios y superfluos del Gobierno. Clave esta última ya que, sostienen esta vez los “morados” del gobierno nacional, en época de crisis no se pueden bajar los impuestos porque son los que financian los servicios. Los vecinos bastante aportan ya y sufren la obsesión del Ejecutivo central de acudir a ellos como cajeros automáticos.
Los españoles necesitan medidas urgentes sin que ello conlleve perder más poder adquisitivo, y recortar de otras partidas superfluas y gastos políticos es una idea mucho más saludable para hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Vale más el pan de las familias que el chófer de los políticos.