La decisión de la Comunidad de Madrid de convertir un edificio del Cerro de La Cantueña en un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ha puesto en pie de guerra al equipo de gobierno (del PSOE) pero también al Grupo Municipal de Vox en el consistorio fuenlabreño.
Mientras que el Gobierno municipal se opone a que se ponga en marcha este centro en las condiciones que impone la Comunidad, Vox se opone a la decisión de la Comunidad de Madrid pero también a las propuestas que ofrece el PSOE para dar respuesta a esta problemática.
Los socialistas fuenlabreños defienden en el pleno de este mes de mayo una moción en la que se posicionan en contra de cómo la Comunidad gestiona la acogida de los menores y su manera de "integrarlos", pero Vox ya ha adelantado que se posicionará en contra de esta moción y explica sus motivos.
En una nota de prensa, desde las filas de Vox se explica que "el PSOE propone en el punto 3 de su moción la coordinación con la Consejería de la Comunidad de Madrid para la integración de los menores en Fuenlabrada, sin concretar exactamente como y dónde se realizaría esta integración".
En realidad, los socialistas hablan, efectivamente, de iniciar esa coordinación, pero en su moción no dicen nada de que se esté buscando o se inste a buscar una nueva ubicación en Fuenlabrada. Literalmente, ese punto 3 del que habla Vox dice: "Establecer un proceso de diálogo y concertación entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para implantar programas de acogida e integración social de menores extranjeros no acompañados en todos los municipios de la Comunidad de Madrid".
A pesar de ello, la portavoz de Vox en el municipio, afirma que lamenta que el Partido Socialista "esté intentando engañar" a los vecinos ya las familias de Fuenlabrada. "Por un lado exige recovar la instalación del Centro de MENA's en La Cantueña, y por el otro solicita que se integren forzosamente en el municipio", ha añadido.
Desde el Grupo municipal de Vox, en consonancia con las políticas que defiende su partido, condenan la "irresponsabilidad" del Gobierno municipal y la "inseguridad", según defienden, esta decisión va a provocar en el municipio. "El efecto llamada promovido por el PSOE ha generado un aumento de la delincuencia, de la degradación de nuestros barrios y del miedo entre las familias y los vecinos", asumen desde Vox.
Isabel Pérez, igualmente, reprocha "el cinismo de la izquierda con la inmigración ilegal" y les llega a acusar de "colaborar" con las mafias del tráfico de personas y "promover" que miles de personas se "lancen al mar en un peligroso viaje" para alcanzar un futuro que "no les podemos asegurar!". "Lo que tienen que hacer esos niños es volver con sus padres", ha defendido la concejala de Vox.
Por otro lado, el Grupo Municipal de Vox, exigirá en el próximo pleno revocar la decisión de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sobre el centro de menores, además de instar a la Comunidad de Madrid a combatir las políticas de fronteras abiertas y la ubicación de inmigrantes ilegales en la región, especialmente en Fuenlabrada.
UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La problemática de la atención de los menores extranjeros no acompañados no tiene que ver con ninguna decisión política sino que está más relacionado con el cumplimiento de la Ley. En nuestro país, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de los inmigrantes mayores de edad que llegan a nuestro territorio. Y en el caso de los menores no acompañados son las Comunidades Autónomas las responsables de hacerse cargo de ellos.
En la actualidad, las Islas Canarias están sufriendo un incremento de llegadas de inmigrantes procedentes desde las costas africanas, muchos de ellos son menores. En lo que va de año han llegado hasta las islas más de 12.000 personas. Este aumento del flujo migratorio en los últimos meses, ha hecho que el Gobierno de Canarias tenga bajo su tutela a cerca de 4.500 menores. Por este motivo, el Gobierno se ha comprometido a modificar la Ley del Menor para que todas las Comunidades Autónomas puedan acoger a un número determinado de estos menores. Hace unos meses, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, dejaba claro que ninguna Autonomía se ha negado a acoger a estos menores, pero sí demandan más financiación.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las quejas contra el Gobierno vienen dadas por la poca colaboración entre administraciones y exigen al Gobierno más recursos y más coordinación. Precisamente información y coordinación es lo que niega el Ejecutivo regional a los municipios de la región como Fuenlabrada que es lo que reclaman.
Estos menores a los que criminaliza Vox y a los que acusa de elevar los índices de criminalidad de nuestro barrios, en realidad tiene unos derechos y nuestro país está obligado a respetarlos. El marco jurídico está contemplado en los convenios internacionales firmados por España y también en nuestra propia legislación, desde la Constitución Española, hasta la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996.
La Constitución, en su artículo 96, señala que los tratados internacionales, válidamente celebrados y publicados, formarán parte de nuestro ordenamiento jurídico. Son varias los tratados que tenemos firmados en materia de protección a los menores como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, los dos Pactos Internacionales relativos a los derechos humanos de 1966, especialmente a la Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.