La defensa de la familia del niño autista que sufrió un presunto caso de maltrato en el colegio de Educación Especial (CEE) Ramón y Cajal de Getafe, ha remitido un escrito al Juzgado de Leganés mediante el que pone de relieve que la Consejería de Educación habría cerrado "en un día" el expediente abierto al respecto. En el escrito enviado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés, el abogado de la familia advierte de la existencia de un informe de la consejería que evidencia el cierre en un día del expediente de información reservada tras la denuncia de los padres.
La defensa de la familia del niño, que presentó una denuncia contra el ex consejero Rafael Van Grieken, el ex director del Área Territorial Madrid-Sur, la inspectora adscrita a la misma y el jefe del Servicio de Inspección Educativa de la consejería, apunta en el documento a un presunto delito de prevaricación administrativa en todo este proceso. El escrito se ha registrado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés haya abierto diligencias previas y haya pedido a la Fiscalía que tipifique penalmente los hechos denunciados.
El escrito se ha registrado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés haya abierto diligencias previas
“Esperanzados”
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado esperanzado de que los tribunales vuelvan a dar la razón a la administración en el caso del niño autista. Aguado ha valorado así la decisión del Juzgado de Leganés de abrir diligencias previas tras la denuncia de la familia del menor contra varios responsables de la Consejería de Educación, a los que acusa de un delito de prevaricación administrativa por el proceso de instrucción del informe de la inspección educativa.
Además, con respecto a este tema, Aguado ha recordado que se trata de un asunto de la legislatura pasada y con el que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado a su llegada. En este punto, ha explicado que por aquel entonces lo que se hizo al conocer la información, que “preocupaba y preocupa” al Gobierno, fue encargar un informe a la inspección para que pusiera “negro sobre blanco” acerca de lo que había sucedido. “Con este informe se acudió a los tribunales porque allí fuimos llamados como Gobierno regional y la Justicia dio la razón a la Comunidad”, ha incidido.
Respecto al proceso de judicialización que se está viviendo, esperan que “se resuelva lo antes posible” y ha asegurado que desde Educación le han trasladado al Consejo de Gobierno “su voluntad de colaboración y de exponer toda la situación para que este caso se vuelva a resolver en favor de la Comunidad”.