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GETAFE | Podemos Getafe pide medidas legales contra el Obispado local por incumplir la Ley de Memoria Histórica

La formación municipal ha reiterado su petición de retirar la placa en homenaje a Franc

La formación municipal ha reiterado su petición de retirar la placa en homenaje a Franc

Piden medidas por mantener la placa de homenaje a Francisco Franco.

Imagen: Podemos Getafe.

 

Los grupos municipales ruegan el cumplimiento de las leyes. El Grupo Municipal Podemos ha anunciado su petición al Gobierno de Getafe para que se tomen las medidas legales y sancionadoras “establecidas por la Ley de Memoria Histórica contra el Obispado de Getafe ante el reiterado incumplimiento del artículo 15.1 por la negación de la retirada de la placa en homenaje al dictador Francisco Franco”, la cual se sitúa en el Cerro de los Ángeles. 

 

 

La portavoz de Podemos Getafe, Alba Leo, ha explicado que “la retirada de esta placa en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica fue aprobada en Pleno en abril de 2016 a iniciativa del grupo municipal de Ahora Getafe. La ley establece en su artículo 15.4 Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo”. 

 

 

Desde la formación morada se ha querido destacar que todo ello “nos parece un motivo suficiente para revisar el Convenio que firmaron en 2012 el Obispado de Getafe, el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe cuando gobernaba Juan Soler para valorar las posibles acciones para hacer cumplir la ley o sancionar en caso contrario al Obispado por su reiterado incumplimiento de la ley”, han destacado. 

 

 

Asimismo, Leo ha considerado que es necesario “llevar esta situación intolerable a la Mesa de la Memoria Democrática constituda esta legislatura, y que se proceda desde allí a solicitar los informes necesarios para evaluar el origen de la propiedad del Cerro de los Ángeles”.



nos parece un motivo suficiente para revisar el Convenio que firmaron en 2012 el Obispado de Getafe, el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe cuando gobernaba Juan Soler para valorar las posibles acciones para hacer cumplir la ley o sancionar en caso contrario

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