Demoledor informe

En el citado informe, aprobado el pasado 7 de julio, la Cámara de Cuentas detecta varias irregularidades, entre las que destaca 295.745 euros en “prórrogas irregulares” de contratos.

En ese sentido, expone que “se han localizado facturas que acreditan la prestación de servicios sin cobertura contractual por haber expirado el plazo de vigencia del contrato y no haberse celebrado un nuevo contrato con el mismo objeto, en contra de lo previsto en el artículo 28 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que prohíbe la contratación verbal”.

Hace referencia a contratos sobre la gestión del punto de encuentro familiar, servicios de educación social de familias en situación de vulnerabilidad o suministro de combustible para vehículos del parque móvil, entre otros. Además, la Cámara ha detectado otro contrato que asciende a cerca de 50.000 euros “que supera el importe autorizado para la contratación menor”.

Junto a todo ello, emite severas consideraciones sobre la la gestión municipal en relación a “la ausencia de una adecuada previsión en las necesidades municipales”, “la carencia de estudios económicos” en la mayoría de las contrataciones, así como “la falta de transparencia” a la hora de rendir cuentas por parte del Consistorio.

En concreto, advierte sobre “la ausencia de una adecuada previsión y planificación de las necesidades municipales que origina que los expedientes de contratación se inicien con excesivo retraso para que, en cumplimiento de los plazos de publicidad, licitación y adjudicación previstos, los contratos puedan estar adjudicados y formalizados en la fecha de comienzo de la ejecución, incluso con la tramitación de urgencia prevista en los artículos”.

También apunta que “en la mayor parte de los informes de fiscalización previa del gasto, la Intervención general municipal pone de manifiesto el retraso de la tramitación de los expedientes y la falta de adecuación del crédito propuesto a las necesidades de financiación” de los contratos, entre otras consideraciones.

Añade que “en la mayor parte de los contratos de obras se ha detectado la falta de adecuación del crédito autorizado y comprometido al ritmo real de ejecución”, lo que ha producido “retrasos en la ejecución y en el pago de las obligaciones generadas por las certificaciones de obras”.

Asimismo, el órgano fiscalizador hace hincapié en realizar “un adecuado estudio y planificación de las necesidades municipales, con el fin de evitar prórrogas irregulares de los contratos, así como la convalidación de gastos por el Pleno, mediante reconocimiento extrajudicial, con la frecuencia que se ha utilizado en el ejercicio fiscalizado, procedimiento reservado para situaciones excepcionales”.

“El rodillo de la mala gestión socialista” 

Pereira considera que una vez más “queda al descubierto el rodillo de la mala gestión socialista, del que son víctimas los proveedores, autónomos y pymes, que se ven atrapados en procesos interminables de cobro de sus servicios debido al descontrol y a la improvisación del Gobierno socialista, y por supuesto, son víctimas los vecinos de Getafe, al ver cómo se menosprecia el dinero de sus impuestos”.

“Se lo hemos dicho desde el Partido Popular, ahora se lo dice la Cámara de Cuentas, mientras la alcaldesa hace caso omiso y en el próximo Pleno de nuevo llevará 400.000 euros más en reconocimientos extrajudiciales”, manifiesta Pereira.

“No se puede consentir tantos atropellos por parte de una alcaldesa irresponsable a la hora de gestionar los recursos de todos los vecinos”. “Sara Hernández está más preocupada en pasearse por los pueblos de la región para buscar un puesto en el PSOE de Madrid que en gestionar bien Getafe”, concluye.