Continúa la polémica en Getafe por el tema de Corrugados. Desde el ayuntamiento han solicitado información a la Comunidad de Madrid sobre posibles nuevos incumplimientos en el tratamiento de aguas. "La Comunidad de Madrid, como única administración competente, sigue permitiendo los incumplimientos de la empresa Corrugados en Getafe, a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permite su funcionamiento. A los problemas que denuncian vecinos y Ayuntamiento de Getafe en ruidos, emisiones y olores, ahora se sumarían los vertidos de agua al saneamiento", señalan.
Según informes de la Comunidad de Madrid, el agua utilizada en la producción de Corrugados, estaría superando los niveles de la AAI. El Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Medioambiente más información al respecto, las sanciones que la Comunidad de Madrid piensa aplicar y las soluciones inmediatas para evitar este perjuicio a la ciudadanía y la biodiversidad de la ciudad.
El Gobierno de Getafe insiste en que la AAI debe endurecerse en todos sus extremos, para garantizar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad por igual. “La Comunidad de Madrid tiene que tomarse en serio los problemas en la salud que pueden generarse ante esta indefensión de los vecinos y el Ayuntamiento durante años”, explica una vez más la alcaldesa, Sara Hernández.
Los tribunales ya han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe en el pasado
En este sentido se ha celebrado una nueva reunión con la Plataforma de Afectados por Corrugados para trasladarle esta información, actualizar la situación y presentar a la nueva concejala delegada de Sostenibilidad, Maite Mellado.
El pasado mes de junio de 2023, Getafe ya advirtió que tomará medidas judiciales en caso de que la Comunidad de Madrid no incluya las alegaciones y exigencias medioambientales de control de ruidos, emisiones y olores en la revisión de la AAI, que actualmente se está llevando a cabo tras las presiones municipales y vecinales.
Los tribunales ya han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe en el pasado, señalando por ejemplo que el consistorio local no es competente para sancionar a la empresa por las emisiones de ruido en zona residencial, y que tanto el control como las sanciones deberían ser instruidos por la Comunidad de Madrid.