Septiembre se despide con una promesa: la entrega de las viviendas públicas en el barrio de El Rosón a sus propietarios en el año 2021. Una promesa en la que los adjudicatarios no saben si confiar. Desde el inicio comenzaron los problemas que parecen alargarse en el tiempo indefinidamente ante el desconcierto y desesperación de los afectados.
La historia interminable
Han pasado cuatro años desde el sorteo de las 147 viviendas, el cual se produjo en marzo del 2015, todavía con el Gobierno del Partido Popular. Meses después, en noviembre, ya con el equipo conformado por PSOE-IUCM, se concedió la licencia de obras y se sacó a concurso las obras del edificio más pequeño.
En septiembre de 2016, la Empresa municipal del Suelo y la Vivienda aseguró que las obras darían comienzo para la construcción de dos bloques, uno de 60 y otro de 87 viviendas. Pero al llegar el año 2017 comenzaron a producirse irregularidades en el concurso de empresas, conllevando así la repetición de la licitación y alargando la espera.
No tardó en llegar una nueva licitación, aunque a finales de 2017 la constructora adjudicataria acabó renunciando. Con ello llegamos a enero de 2018, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE), conformada por OCA y OPROLER, se convierte en la nueva encargada de la promoción. Sin embargo, no avanzaría mucho el proyecto, ya que en agosto se encontraron restos contaminados del antiguo polígono durante las excavaciones.
Este año 2019 se reanudó la construcción, pero quedó paralizada al quebrar una de las empresas constructora, OPROLER, conllevando la renuncia de la misma. Desde la EMSV y el equipo de Gobierno aseguraban a los propietarios que las obras continuarán con la otra OCA, “incluso la alcaldesa realiza un comunicado diciendo que las obras se finalizarán para finales de verano”, nos cuentan los afectados.
Manifestación del 28 de septiembre / Redacción
El 1 de agosto, según nos informan los afectados, la UTE envía un comunicado a la EMSV en el que informan sobre la decisión de rescindir del contrato. Además, desde el consistorio informan que la EMSV no aprobó ciertas certificaciones de obras, las cuales no pudieron ser abonadas, asegurando que la empresa municipal no compartía “cómo se estaba llevando a cabo y en los plazos que se habían realizado los trabajos”.
"La propia constructora les reconocía ya que no iban a llegar a la entrega, que los precios de construcción han subido y que o se rebajan las calidades o les aumentaban presupuesto. La EMSV se negaba", sostiene uno de los afectados.
Ese mismo mes convocan una reunión para informar a los vecinos y vecinas de la situación de las obras, aunque no parece tranquilizar del todo a los afectados ya que, según aseguran, no se concretan plazos de finalización de las obras y fechas para realizar las gestiones.
Se ha fijado la fecha, principios de 2021, para la entrega de las viviendas, estableciendo un plazo de construcción de 11 meses
¿El fin de la Odisea?
Problemas y retrasos que acrecienta el drama de los propietarios de las viviendas, que ven cómo su futuro hogar permanece paralizado. Ante esta situación, los afectados comenzaron a movilizarse, exigiendo una solución inmediata. El pasado 28 de septiembre salieron a la calle con una proclama “queremos nuestras casas”, un mensaje directo que define la impotencia con la que se enfrentan cada día.
El 18 de septiembre la OCA abandona la obra, permitiendo así la aprobación de los pliegos de licitación para finalizar el proyecto, que actualmente se encuentra construido al 23-25%.
El 30 de septiembre tuvo lugar una reunión informativa con los afectados en la que estuvieron presentes la alcaldesa, Sara Herández, el concejal de Vivienda, Ángel Muñoz y el gerente de la EMSV, Ángel Fernandez, en la cual se aseguró que no habría modificaciones en precio y calidad del proyecto. Además, se ha fijado la fecha, principios de 2021, para la entrega de las viviendas, estableciendo un plazo de construcción de 11 meses. A pesar de ello, los futuros propietarios señalan que “no nos confirmaron ni por escrito ni nada su compromiso de entrega en tal fecha” y que “dieron a entender” que no se hacían cargo de posibles retrasos.
Los retrasos en la edificación de las viviendas tienen otra cara aún más dramática, la de las personas que los sufren. Personas que continúan pagando alquileres, además de su vivienda. La promesa de realizar las viviendas en 18 meses y que cayó en saco roto hace cuatro años, les ha salido cara. Para ellos, la aparente oportunidad que vieron en el sorteo público ahora la perciben como una condena.