Hace unas semanas miembros del Seprona localizaban en una finca de Humanes de Madrid a más de dos centenares de perros y gatos que estaban en unas condiciones deplorables y que eran sometidos a extracciones de sangre hasta que se les mataba. Esta sangre era vendida a centros veterinarios de España y Europa. Se la conoce como la finca de los horrores y el ‘empresario’ a cargo de este deplorable negocio. L.M.V.F. será recordado como el ‘vampiro de Humanes’.
La protectora de animales El Refugio se personó como acusación en el procedimiento judicial abierto y acaba de solicitar la prisión provisional del responsable de estas atrocidades. Para ellos, existen indicios sólidos y pruebas categóricas de la veracidad de los hechos, y su autoría reiterada. Consideran que el querellado ha presentado durante todos estos años un manifiesto desprecio por la justicia, las instituciones y normas, y a la sociedad en general, siendo su único interés seguir enriqueciéndose de un negocio que montó a costa del bienestar animal, clandestino y con clara vulneración de derechos y normas.
Por ello, en una nota pública de la organización, anuncian la petición de la prisión provisional. Entienden que se dan los presupuestos necesarios para su adopción: por una parte, la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito castigado con pena máxima igual o superior a dos años, y por otra parte, que existen motivos bastantes para creer responsable del delito a la persona contra quien se haya de dictar la medida.
Para El Refugio estamos ante un presunto delito continuado de maltrato de animales domésticos, con resultado de muerte, y un presunto delito de intrusismo profesional
Para los representantes de El Refugio, estamos ante un presunto delito continuado de maltrato de animales domésticos, con resultado de muerte, y un presunto delito de intrusismo profesional, concurriendo así el primero de los requisitos legales necesarios para la adopción de la prisión preventiva. Además, se cumple el segundo requisito al existir en las actuaciones pruebas e indicios de la comisión de los hechos y autoría de los mismos por parte del investigado.
La prisión provisional persigue asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Pretende también evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.