La limpieza de los restos de la nevada en la Comunidad de Madrid hace que se enfrenten, en muchos municipios, el gobierno local y la oposición. Este ha sido el caso de Las Rozas en la que la portavoz del Grupo municipal de Unidas por Las Rozas, Patricia García, ha exigido esta mañana en la Comisión extraordinaria monográfica sobre el temporal de nieve, que el gobierno local proceda a sancionar a la empresa Urbaser por los problemas que se han generado en la recogida de residuos y la limpieza de las calles del municipio en el tiempo de duración de la nevada y sus efectos.
Patricia García recordó que el “Plan de Nevada 2020-2021”, donde consta que debía tener suficientes reservas de sal a disposición de los vecinos, se comprometía a reclutar personal necesario, ampliar las jornadas de limpieza y los servicios, realizar un salado preventivo 72 horas antes del temporal y aumentar la maquinaria y los efectivos. Un Plan de retirada de nieve según el cual debía priorizarse el casco urbano de Las Rozas y la limpieza de los accesos a los edificios públicos, colegios y otros.
La concejala de Unidas denunció que “nada de esto se hizo como es patente y visible por parte de cualquier vecino”.
La portavoz de la formación morada ha asegurado “más de 15 días después de la intensa nevada, el servicio de recogida de basuras y de limpieza de calles sigue sin recuperar la normalidad. Todavía hay contenedores sin recoger”. Recordó que la limpieza a los accesos a los centros educativos fue organizada por muchas AMPAS, que el Ayuntamiento tuvo que comprar más existencias de sal porque la empresa adjudicataria no aportó las cantidades suficientes, y reforzar con medios propios la limpieza de nieve. Sin olvidar la labor de muchos vecinos que de forma voluntaria han colaborado a la retirada de nieve.
A todos estos problemas se suma un cambio de adjudicatario del contrato en plena crisis, ya que desde el día 15 de este mes la prestación del servicio es responsabilidad de la empresa FCC. Un contrato que “está inmerso en un embrollo administrativo desde el año 2017 y cuya adjudicación es previsible que acabe en los tribunales”, explicó García Cruz.
La portavoz asegura que “llevamos años denunciando los problemas generados por la privatización de un servicio esencial, mediante la realización de macrocontratos que incluyen la recogida de residuos, también la limpieza viaria y de parques y jardines. Un contrato que cuesta a nuestras arcas públicas 10 millones de euros anuales”.
Señaló que “la crisis suscitada por el fenómeno “Filomena” ha puesto de relieve las costuras de un modelo de gestión privatizado que en una situación como esta no ha tenido capacidad de poner los medios y recursos comprometidos para afrontar esta situación. El malestar vecinal es manifiesto y se ha puesto de relieve en numerosas críticas vertidas en redes sociales”.