El Partido Popular de Leganés propondrá en la próxima sesión plenaria, prevista para el jueves, que la ejecución de las cuatro promociones de pisos que se levantarán en Poza del Agua y en Solagua sean en régimen de venta y de alquiler con opción a compra.
Lo hará a través de una moción que presenta con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda pública, pero sin crear falsas expectativas entre los que quieran optar a una de ellas, y de despejar la incertidumbre generada en los barrios debido a que el alcalde socialista Santiago Llorente pretende destinar las citadas parcelas a promociones que la mayoría de los vecinos rechazan.
"Frente a los problemas que crea el PSOE y sus socios de Leganemos y de Ciudadanos, el Partido Popular de Leganés ofrece soluciones y propuestas claras, rigurosas y basadas en el sentido común", ha defendido su portavoz, Miguel Ángel Recuenco.
El PP pretende que los precios de los pisos se reduzcan en un 20% respecto al máximo fijado
Durante las últimas semanas, el Gobierno municipal de Llorente ha ofrecido todo tipo de versiones en relación al futuro de esas viviendas, pero todas ellas han sido confusas, contradictorias y sin que absolutamente nadie haya sacado nada en claro, lo que ha elevado aún más la inquietud entre los vecinos por la ausencia de explicaciones claras y convincentes.
"Más allá del planteamiento que el PP pone encima de la mesa, el alcalde tiene la obligación de informar qué tipo de promociones quiere construir, cómo se financiarán, a qué personas irán dirigidas, qué régimen de alquiler se adoptará o qué plan de viabilidad económica se ha elaborado. Lejos de dar luz a todas estas cuestiones, Llorente parece que se burla de los vecinos y los torea con evasivas y excusas que nadie se cree", ha añadido Recuenco.
En el marco de esta proposición plenaria y con el ánimo de ofrecer un proyecto realista y sensato, el PP propone que los precios de los pisos que se construyan en Poza del Agua y en Solagua, que deberían ser en venta y en alquiler con opción a compra, reduzcan su precio en un 20% con respecto al valor máximo fijado por la legislación autonómica para vivienda protegida.