La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés ha interpuesto una demanda contencioso administrativa contra el Ayuntamiento de la localidad, solicitando sean declaradas nulas las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del año 2020, al considerar que éstas son "contrarias a derecho".
En este sentido, la FLAV señala que el Consistorio "aumentó el tipo de gravamen y modificó los períodos de pago sin notificarlo de forma individualizada a cada uno de los contribuyentes y a sabiendas de que no era acorde a la ley, suponiendo la cuota a pagar un 11,42% más que el año anterior". Además, añade que El Ejecutivo local "no aprobó, ni consiguientemente publicó, la ordenanza fiscal relativa a este tributo para el ejercicio 2020", y que "adoptó dicho acuerdo, sabedor de las dificultades de que todos y cada uno de los ciudadanos pudieran acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar las liquidaciones de dicho impuesto". Una línea en la que remarca que el Gobierno municipal "carece de Tribunal Económico Administrativo, conculcándose derechos de los administrados (vecinos), así como el derecho a poder acceder a un tribunal imparcial".
El Ayuntamiento de Leganés no aprobó, ni consiguientemente publicó, la ordenanza fiscal relativa a este tributo para el ejercicio 2020
La Federación pide que esas cuantías "cobradas indebidamente" sean devueltas a los contribuyentes. "No aceptamos la aptitud del gobierno municipal del PSOE de que se aplique el derecho a los vecinos dependiendo de sus recursos económicos para poder impugnar los acuerdos contrarios a la norma. Para el Partido Socialista solo se devuelven las liquidaciones mal aprobadas dependiendo si tienes dinero para recurrir", exponen en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
El Ayuntamiento de Leganés ha asegurado a este medio que "desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Leganés se ha planteado la defensa al recurso planteado, en los mismos términos que veníamos defendiendo en vía administrativa, al entender que la actuación del Ayuntamiento es ajustada a Derecho".