En abril del 2018, el pleno del Ayuntamiento de Leganés acordó crear una comisión de control y seguimiento sobre el estudio y análisis de la existencia de amianto en edificios de la ciudad. Cuatro años después, la Federación Local de Asociaciones Vecinales (FLAVL) denuncia que la situación sigue igual y no se ha hecho nada. En un comunicado informan que “la comisión se reunió un par de veces y la dejaron morir (..) que es la práctica habitual de este gobierno del PSOE en Leganés".
El Ayuntamiento de Leganés cifra en al menos 130 los edificios de la ciudad que están afectados por la presencia de amianto, un grupo de minerales fibrosos que si se liberan al aire libre y son inhalados pueden quedar en los pulmones por largo tiempo, llegando a provocar graves enfermedades. Este componente se encuentra, por ejemplo, en antiguas estructuras de uralita que se utilizaban como parte del techo de los edificios. En España, está prohibida su utilización y comercialización desde el 2002.
Sin embargo, la FLAVL critica que “el Ayuntamiento no ha hecho nada por realizar un estudio que identifique los lugares de existencia de este material, ni tampoco por retirarlo de edificios que son de su competencia como es el caso de una escuela infantil”. Se refieren a la Escuela Infantil Jeromín que desde el 2018 están a la espera de realizar una “reforma urgente” con un presupuesto de alrededor de 700.000 euros y que aún está sin ejecutar. El AMPA del centro hizo pública una carta el pasado mes de enero en la que comunicaban la decisión del Ayuntamiento de Leganés de realizar las obras durante el curso 2022-23, tareas que se ejecutarían en un año entero. Por ello, el centro tendrá que trasladarse al barrio de El Carrascal, algo a lo que se oponen las familias.
“la situación perdura en el tiempo ante la pasividad del gobierno local que tampoco facilita ayudas a las comunidades de vecinos para la retirada de este material perjudicial para la salud de las personas”
Desde la Federación Local de Asociaciones consideran que “la situación perdura en el tiempo ante la pasividad del gobierno local que tampoco facilita ayudas a las comunidades de vecinos para la retirada de este material perjudicial para la salud de las personas”.
Por todo ello, exigen cuatro cuestiones:
- La Elaboración de un censo de edificaciones y parcelas que tengan dicho material
- Instar a la retirada de dicho material en las edificaciones e inmuebles
- Crear una línea de ayudas a comunidades de vecinos para facilitar su retirada
- Dotar de una partida económica específica para dichos objetivos
Por último, hacen hincapié en que “no podemos esperar, sabemos cuál es el problema, quienes son los responsables de que esta situación no se resuelva y no seremos cómplices de los daños para la salud que la dejadez y desidia pueda generar la existencia de amianto en edificaciones de la ciudad”.