El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés formado por el PSOE y por Ciudadanos se ha defendido de las acusaciones del Partido Popular sobre la licitación de explotación de los ‘mupis’ de la ciudad por un periodo de 20 años más 5 de prórroga.
El consistorio leganense ha puesto en marcha una licitación de este contrato por el que una empresa explotará este servicio que consiste en la gestión del mobiliario urbano de información publica por un importe de 13 millones de euros.
El PSOE acusa al PP local de mentir y de decir lo que consideran “una aberración jurídica”. Explican fuentes municipales que esta concesión ya ha pasado por la Asesoría Jurídica que ha dado el visto bueno a todo el proceso. Y detallan que la Ley de Contratos, a la que también se refiere el PP en su denuncia, establece que los contratos de concesión de servicios pueden durar hasta 40 años si incluyen ejecución de obras y explotación, y de 25 años si solo incluyen la explotación. Añaden que esta fórmula es la que habitualmente se utiliza por otros ayuntamientos como el de Madrid, el de Fuenlabrada, el de Alcobendas, Majadahonda… e incluso la propia Comunidad de Madrid gobernada por los populares.
Se trata, cuentan, que es una concesión demanial y supondrá un importante beneficio para las arcas municipales ya que los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de Leganés por la exploración publicitaria de estos soportes se verán incrementados en más del doble.
Fuentes municipales señalan que “el Partido Popular vuelve a mentir y a tratar de confundir con sus tretas a los vecinos y vecinas. Es importante destacar que el anterior Gobierno del PP, del que Miguel Ángel Recuenco formó parte, licitó la concesión de las vallas publicitarias con esta misma fórmula de concesión demanial. Es importante saber por qué esta fórmula sí les gustaba entonces y ahora no”.
El PP ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento y ha llevado el asunto al Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid
El PP lleva el asunto al Tribunal de Contratación Pública
El Partido Popular anunció este martes que llevará la decisión del equipo de gobierno socialista al Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y que ya ha presentado un recurso ante el propio Ayuntamiento.
A su juicio se están vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, así como las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del año 2014.
Por este motivo piden que se retire este proceso de licitación para realizar una nueva redacción del pliego que se ajuste a la ley y que se respeten los plazos de adjudicación de un máximo de 5 años.