La denuncia proviene de la empresa ‘Leganés La Ballena SL’, y según ha adelantado el medio local ‘Leganés Al Día’, se dirige a quince personas y tres empresas del sector de la gasolina. En la demanda están incluidos el actual alcalde Santiago Llorente (PSOE) y los dos anteriores, Jesús Gómez (PP) y Rafal Goméz Montoya (PSOE), además del ex concejal de Urbanismo y actual portavoz del PP Miguel Ángel Recuenco.
Según esta información, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés ha solicitado al Ayuntamiento expedientes completos de las licencias de las gasolineras, el acta del Pleno municipal de julio de 2013 en el que se suspendía cautelarmente el otorgamiento de licencias, otros expedientes sobre retiradas de licencias de lavado o el acta de la Comisión de Trabajo municipal de gasolineras, entre otros documentos.
Los tres últimos alcaldes de Leganés, denunciados por la gestión referida a la implantación de nuevas gasolineras
Actualmente, el Ejecutivo Local, liderado por el PSOE, lleva mostrando desde hace un año su intención de volver a facilitar la instalación de gasolineras en la ciudad -a día de hoy hay 9, y no se conceden licencias desde 2008-, a pesar de las denuncias judiciales de las empresas de gasolina ‘low cost’ o informes de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia hablando del perjuicio a los consumidores. Hace poco más de un mes, el alcalde leganense, Santiago Llorente, anunciaba los trámites de una veintena de nuevas licencias, de las cuales una docena podrían prosperar.
Desde Leganemos, formación que ha denunciado públicamente en varias ocasiones el supuesto oligopolio de la gasolina en el municipio, han indicado que esta nueva denuncia era “previsible”. Así, su portavoz, Fran Muñoz, ha indicado que en el último pleno municipal se conoció que ninguna gasolinera ha cumplido económicamente con sus convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, por lo que insisten en querer saber a quién ha beneficiado el actual bloqueo de licencias. Recuerdan además que la comisión de investigación municipal aprobada en marzo sobre este asunto aún no ha arrancado.