El martes 19 de abril, el Consejo de ministros aprobaba de manera definitiva el decreto que levantó la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Más de 700 días después de su implantación, los españoles y españolas nos libramos del engorro de los “tapabocas”, un producto sanitario que nos protegió en lo peor de la pandemia y que, probablemente salvó miles de vidas.
Sin embargo, lo que para unos fue una necesidad, para los políticos y gestores de las administraciones públicas fue, en marzo de 2020, un quebradero de cabeza pues no había material suficiente en los mercados nacionales e internacionales para satisfacer la fuerte demanda. Eso hizo que gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos pagaran precios auténticamente desorbitados. A pesar de la emergencia sanitaria las ‘leyes del mercado’ seguían vigentes.
Hubo otros que en la crisis vieron una oportunidad de oro para enriquecerse vendiendo unos productos imprescindibles para, por ejemplo, proteger los sanitarios, pero que ellos inflaron con comisiones intolerables.
Más de diez euros por mascarilla
Ahora, dos años después, quedan al descubierto casos de flagrantes sobreprecios como ha ocurrido en Leganés donde la Fundación Juan Muñoz pagó por 4.000 mascarillas FFP3 40.000 euros más el transporte, lo que deja el precio final de esa partida en más de 12 euros por unidad.
El Grupo Municipal ULEG, acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ya que consideran que podría haber irregularidades en la compra de un producto que se hizo a través de una Fundación de la que preside el propio alcalde y de cuyo patronato forman parte algunos concejales del Ejecutivo Local.
El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, señala que llevan meses reclamando al Ayuntamiento facturas e información de la compra por la que se desembolsaron cerca de 50.000 euros. Este dinero, no procede del propio consistorio, sino que corresponde a cientos de donaciones que hicieron los vecinos y empresas de Leganés cuando España sufría el primer golpe de la pandemia.
El Hospital Severo Ochoa de la ciudad fue uno de los que peor lo pasó cuando se propagó sin control el virus del SARS-CoV2 y fue el destino de estas mascarillas del tipo FFP3 que ahora investigará la fiscalía.
Carlos Delgado insiste en que se llegue a hasta el final realizando “las acciones jurídicas que sean precisas para no dejar impunes, frenar y prevenir que se comentan este tipo de actuaciones que, entendemos, merecen el máximo reproche penal, además de la crítica política”.
Santiago Llorente se defiende de las críticas
El alcalde leganense, Santiago Llorente, por su parte, se defiende y afirma que la compra siempre se hizo desde la transparencia y la claridad. El edil socialista recuerda que el Ayuntamiento no participó de la compra ya que la operación se realizó desde la Fundación privada Juan Muñoz. Además, asegura que la Fundación adquirió el tipo de mascarilla que solicitó el Hospital Severo Ochoa “a todos se nos olvida que en esos momentos la Comunidad de Madrid tenía a los profesionales sanitarios del Hospital protegidos con bolsas de basura”
Llorente, añade que “no todos somos iguales” y resalta que la Fundación adquirió estas mascarillas FPP3 en España, “sin intermediarios ni comisionistas y lo hizo junto a varios Ayuntamientos de España”.
Más escandaloso es el caso del Ayuntamiento de Madrid que dirige el popular José Luis Martínez Almeida. Hace unas semanas se hizo público el ‘pelotazo de las mascarillas’ protagonizado por Luis Medina, hijo del fallecido Duque de Feria y de la modelo Naty Abascal y su socio Alberto Luceño.
El Ayuntamiento de Madrid pagó cerca de seis millones de euros en comisiones
Más escandaloso es el caso del Ayuntamiento de Madrid que dirige el popular José Luis Martínez Almeida. Hace unas semanas se hizo público el ‘pelotazo de las mascarillas’ protagonizado por Luis Medina, hijo del fallecido Duque de Feria y de la modelo Naty Abascal y su socio Alberto Luceño. Ambos contactaron con el consistorio de la capital de España gracias a las gestiones de un primo del alcalde Martínez Almeida. Y consiguieron una suculenta comisión que supera los seis millones de euros.
Con el ‘botín’ compraron coches de lujo, relojes de alta gama… incluso un velero que quedó registrado en Gibraltar para eludir los impuestos de la operación.
Negocio redondo en lo peor de la pandemia
En marzo de 2020, ambos ‘empresarios’ lograron contactar con Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento y la encargada de negociar los contratos con Medina y Luceño.
Lograron firmar un contrato de cerca de 12 millones de euros para suministrar mascarillas, test para detectar el covid y guantes. En concreto vendieron un millón de mascarillas HN95 por 6,6 millones de euros; 2,5 millones de guantes por 5 millones de euros (que se devolvieron por su bajísima calidad); y 250.000 test rápidos por 4,2 millones.
Ahora se sabe que las comisiones por esa operación superaron los seis millones de euros. Medina recibió 999.882 dólares y Luceño 2.999.880 dólares en un primer pago que se completó posteriormente con otro de 1.910.000 dólares. Un negocio redondo mientras que los españoles estábamos confinados en nuestras casas, sin poder trabajar, y temiendo por la salud de los suyos.
El juzgado de instrucción 47 de Madrid les acusa de estafa agravada, falsedad en documento público mercantil y blanqueo de capitales.
Por su parte, el alcalde Almeida ve cómo se le complica la situación cada día que pasa. Si en un primer momento afirmó no saber nada, después se ha sabido que llamó a los empresarios para agradecerles la ‘donación’ de una pequeña parte de las mascarillas; también que firmó una carta a Medina y Luceño que les avalase ante las autoridades chinas como intermediarios en la compra de mascarillas para las administraciones españolas.