La pasada semana, el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Recuenco denunció públicamente que el Gobierno local del socialista Santiago Llorente había perdido una subvención de alrededor de 300.000 euros por no haber sido capaz de presentar programas que justificaran esa ayuda.
Ahora, llega la respuesta del Ejecutivo local por medio de la concejala de Servicios Sociales, Pilar Cano. La edil leganense ha difundido una nota en la que explica en siete puntos las causas que han motivado que ese dinero finalmente no llegue a nuestra ciudad.
Cano culpa a la Comunidad de Madrid y cuenta que el pasado 15 de julio recibieron un mail de la Subdirección General de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid para informarles de la tramitación de una Adenda de Modificación del Convenio de Colaboración para el desarrollo de la Atención Social, que incluía un programa de Protección Integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Dicha adenda debía suscribirse antes del 5 de agosto. Por lo que dejaron al consistorio un margen de 15 días hábiles. Además, en la “letra pequeña” de la modificación del Convenio se estipulada, según cuenta la concejala, que el Ayuntamiento debía financiar el 30% de los gastos de personal y el 50% de los gastos de gestión de actividades y formación.
Desde al Ayuntamiento pidieron una prórroga en la tramitación para que se permitiera utilizar dicho crédito en el Convenio de 2023 y no perder la posibilidad de realizar el programa de Protección integral
Desde la delegación de Servicios Sociales, se trabajó junto a la Intervención General del Ayuntamiento para ver la posibilidad de tramitar toda la documentación en este breve espacio de tiempo, pero enseguida confirmaron que era necesario, entre otros trámites, realizar una modificación presupuestaria que requiere un mínimo de 6 semanas para su elaboración.
A pesar de ello, el 20 de julio la concejalía llamó a la Subdirectora General de Atención Social Primaria de la Comunidad para explicarles la situación y la imposibilidad de tener todos los trámites. Por ello, pidieron una prórroga en la tramitación para que se permitiera utilizar dicho crédito en el Convenio de 2023 y no perder la posibilidad de realizar el programa de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Pero, la comunidad de Madrid descartó esta posibilidad. Y esta fue la razón por la que el Consistorio no vio viable la adhesión a la adenda.