Desde el año 2003, los municipios de gran población están obligados a contar con un órgano para la resolución de reclamaciones económico-administrativas. En el propio Reglamento Orgánico Municipal de Leganés, en vigor desde 2009, se establece en su artículo 167 como órgano de gestión económica financiera del Ayuntamiento de Leganés a la Oficina Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas.
Estos órganos evitarían al administrado tener que acudir desde el primer momento a la Justicia, sin embargo, en Leganés, según denuncia ULEG, no existe este instrumento, "pudiendo verse afectado por la decisión del Tribunal Supremo de anular la recaudación tributaria en los municipios que no cuenten con un tribunal económico-administrativo local", lo que podría "tumbar el cobro de impuestos como el IBI, el IAE, la plusvalía o diversas tasas".
Este hecho es, valoran desde la formación, "otra clara muestra de que el gobierno “socialista” de Leganés no hace nada por modernizar la administración, ni cumplir las normas vigentes, lo que se traduce en una caótica gestión económica que tiene entres sus “méritos” ser el tercer ayuntamiento de Madrid que más tarda en pagar a los proveedores (una media 63,42 días) aún disponiendo de hasta 50 millones de euros de superávit".
De hecho, matizan, "empresas adjudicatarias de servicios municipales como Kidsco, que gestiona la Escuela Infantil Rosa Caramelo, o Viten Seguridad (encargada de la vigilancia de los edificios municipales) lo sufren a diario y no pueden pagar a sus trabajadores por no recibir ingresos del Ayuntamiento de Leganés desde el mes de septiembre".
Se traduce en una caótica gestión económica que tiene entres sus “méritos” ser el tercer ayuntamiento de Madrid que más tarda en pagar a los proveedores
La formación incide, además, en que esta situación no es aislada. También la sufren, dicen, "los propios empleados municipales con los continuos retrasos en los pagos de sus nóminas mensuales". Situaciones que contrastan con "la facilidad del regidor de Llorente para invertir millones de euros en un plan de asfaltado o en cargos a dedo para alcaldía".
Defender la legalidad y los intereses de los vecinos
La formación vecinal instará en el pleno a que examine la repercusión de la posible decisión del Tribunal Supremo. También está estudiando llevar a la Justicia cómo puede afectar esto en la subida ilegal del IBI del año 2020.
En palabras del portavoz de ULEG, Carlos Delgado, “una vez más defenderemos el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los vecinos de nuestra ciudad del pasotismo de un alcalde y un PSOE que han abandonado la ciudad”.