La polémica en torno a los servicios públicos en Leganés no deja de crecer. Más allá de los casos que rodean a la Escuela-Conservatorio, al CAID o, hasta hace unos días, a la Policía Local, ahora, Unión por Leganés ha abierto una nueva vía que demuestra cómo la falta de personal está lastrando el buen funcionamiento de nuestra ciudad.
En este caso, desde la formación denuncian la falta de un abogado o abogada que ampare a las víctimas de violencia de género de nuestra localidad. Según el grupo local, desde el pasado mes de diciembre, este colectivo no cuenta con una figura que le pueda asesorar o asistir de manera jurídica.
ULEG afirma, además, que este servicio está suscrito a un convenio del Ayuntamiento de Leganés con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por lo que se corre el riesgo de que, en el caso de que por parte del consistorio no se cumplan los requisitos mínimos del acuerdo, la financiación regional se termine o se limite.
ULEG critica, también, la forma con la que el Ayuntamiento de Leganés está intentando solucionar esta problemática
El partido liderado por Carlos Delgado critica, también, la forma con la que el Ayuntamiento de Leganés está intentando solucionar esta problemática. Según Unión por Leganés, el pasado 6 de febrero el consistorio publicó en el BOCM la creación de una bolsa de empleo para cubrir este servicio, incumpliendo lo expuesto en el acuerdo laboral del consistorio que exige que se cubra la plaza con funcionarios del propio ayuntamiento vía adscripción provisional o promoción interna.
Todo ello ha provocado que la concejala de ULEG, Virginia Benito, haya asegurado que “el Gobierno de Llorente y de la concejala de Igualdad hacen bueno el "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces". Presumen de ser de izquierdas y de proteger a los más vulnerables y tienen cerrado el albergue para personas sin hogar y en colapso al Centro de Atención a las Drogodependencias (CAID), presumen de defender lo público y están aniquilando la escuela municipal de música, presumen de progresistas pero prefieren invertir 12 millones en una rotonda que en políticas sociales, presumen de gestores y de dialogantes y son expertos en vender humo y en tener a las asociaciones de vecinos en pie de guerra. Y presumen de feministas y del 8M y están dejando sin asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, además de que sigamos sin tener un nuevo plan de Igualdad”.