La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado este jueves el contrato de servicios para la ejecución y gestión del Centro de Reducción del Daño y prevención de sobredosis para personas con adicciones, vinculadas o residentes en la Cañada Real. Este contrato tiene un importe de 1,7 millones de euros y una duración de dos años, prorrogables por otros tres, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.
En la Cañada Real viven, de forma permanente, personas con adicciones en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso, en octubre de 2019, el organismo municipal Madrid Salud puso en marcha un Centro de Reducción del Daño que está disponible los 365 días y ofrece servicios básicos (higiene, alimentación, ropa y un espacio de descanso), así como atención psicosocial para paliar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas. Ahora, Madrid Salud da un paso más y amplía los servicios de este centro, que incluirá atención sociosanitaria básica, personal médico y de enfermería y, como novedad, una sala de prevención de sobredosis.
Además de la prestación de una serie de servicios sociosanitarios, una de las prioridades del centro es establecer una relación interpersonal con las personas con adicciones activas que no están en contacto con otros servicios de ayuda con el fin de propiciar que puedan iniciar un tratamiento adecuado a sus peculiaridades.
También se busca mejorar las condiciones básicas de salud de las personas adictas que residen en Cañada Real, prevenir y paliar las consecuencias negativas asociadas al consumo y realizar la captación de mujeres con problemas de adicción, generalmente en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social.
La nueva sala de prevención de sobredosis tiene como objetivos proporcionar supervisión sanitaria en el consumo intravenoso de sustancias, prevenir las consecuencias derivadas de la mala práctica y falta de higiene del consumo intravenoso, sensibilizar e informar sobre prácticas de riesgo y de protección ante la transmisión de enfermedades, motivar el cambio a otras vías de consumo de menor riesgo y reducir el consumo en la vía pública, así como la realización de pruebas rápidas de detección de enfermedades transmisibles.