La antigua cárcel de Carabanchel fue demolida en el año 2008, pero los terrenos sobre los que se levantó este centro penitenciario ya tienen un nuevo uso proyectado en el horizonte. Hasta ahora, el suelo estaba en manos del Ministerio del Interior y, a partir de este momento, será Vivienda quien posea la titularidad para levantar hogares en la zona, en base a un proyecto urbanístico que gestionará la SEPES, Sociedad Pública Estatal de Suelo, de la que dependerá la nueva Empresa Pública Estatal de Vivienda que Pedro Sánchez anunciaba en el 41º Congreso Federal del PSOE.
“Esto implica que esta empresa pública del Ministerio de Vivienda será ahora la encargada de gestionar las futuras viviendas”, ha explicado el portavoz de Urbanismo del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Antonio Giraldo ha trasladado su satisfacción al recibir esta noticia que, a su juicio, prueba “que esta empresa estatal empieza fuerte adquiriendo estos suelos”. Desde el PSOE aseguran que con este movimiento se da respuesta a la demandas vecinales en Carabanchel y Latina, algo que “no se había dejado de reclamar en ningún momento”, tal como apunta Giraldo.
El concejal del PSOE en el consistorio madrileño tiene claro que “el Gobierno de España cumple con sus promesas y atiende a uno de los principales problemas que hay en Madrid”. En este sentido, Giraldo asegura que de ahora en adelante “se buscarán nuevas fórmulas para incrementar el porcentaje de vivienda pública en el marco de esta operación”. La portavoz de Más Madrid se ha pronunciado al respecto, prestando especial atención a la necesidad de que “los suelos permanezcan blindados para siempre como públicos” y que se mire hacia Europa a la hora de levantar vivienda en estos terrenos. Rita Maestre pone como ejemplo el modelo de Viena e insiste en que la formación que capitanea “quiere vivienda pública asequible con el modelo que ya se ha extendido en Europa y que sigue siendo una excepción en Madrid”.
El proyecto urbanístico abarca más de 172.000 metros cuadrados de suelo y, aunque Interior ya tenía un plan previsto para estos terrenos, parece que los porcentajes de vivienda pública van a cambiar. En principio, el 30% iba a destinarse a vivienda protegida y el 70% restante a venta libre, pero, según anticipa Giraldo, los porcentajes variarán a favor de la vivienda pública. Esta operación “no modifica el planeamiento ya aprobado ni la urbanización. Solo altera el régimen de tenencia de las viviendas finales, por lo que tampoco retrasa los plazos”, concluye el socialista.
SIESPE, Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, ya ha remitido una carta al alcalde de Madrid para informarle de la transferencia de los terrenos a SEPES. De momento, el alcalde de la capital se ha mostrado “escéptico acerca de que una empresa pública que aún no existe vaya a ser la solución a los problemas de vivienda”. Además, Almeida ha manifestado que si el Gobierno de España quiere hablar de políticas públicas, debería “ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para recibir un par de lecciones”.
El regidor asegura poder explicar al Ejecutivo central “cómo se hace vivienda pública, ya que hay 10.000 en el parque público” del consistorio. El alcalde madrileño va un paso más allá y sostiene que conoce la razón en la que se apoya el hecho de que la SAREB “no haya conseguido licitadores, mientras que en el Ayuntamiento de Madrid se sacaron seis lotes y en todos hubo más de un licitador”.