Las sospechas sobre las adjudicaciones de los contratos relacionados con el soterramiento de la A-5 llevan semanas sobrevolando el Ayuntamiento de Madrid.
La información publicada por los medios recogía una denuncia realizada por la concejala del Grupo Mixto, Marta Higueras, donde señalaba directamente al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
Ahora, la edil ha recibido respuesta a su acusación, presentada el pasado 30 de enero, apuntando la "probable y posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita" relacionada con uno de sus familiares, además de aquellos que pudiesen aparecer en el transcurso de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias de investigación, lo que no supone ningún tipo de imputación, no solo contra Borja Carabante y su hermano, Rafael, sino también contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida y la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.
También se menciona a la directora general de movilidad del Ayuntamiento, María Dolores Ortiz, y a la empresa adjudicataria: Subterra Ingeniería S.L.
Las diligencias de investigación son un procedimiento penal de carácter pre-procesal puesto a disposición del Fiscal para facilitar su labor de promoción de la Justicia y cuya finalidad es esclarecer los hechos que constituyen su objeto.
Se pide al Ayuntamiento el "expediente de contratación relativo a la redacción del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste-Soterramiento de la A-5", además del expediente de contratación relativo a la supervisión de proyectos de calle 30, adjudicado a la empresa mencionada en el año 2000.
El alcalde, dos ediles del equipo de gobierno y otras personas están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita - Marta Higueras
¿Qué se denuncia?
Higueras constató en su escrito cómo el 12 de agosto de 2020 se habría producido una mesa de contratación presidida por Ordiz donde se habría adjudicado un contrato por valor de 3,7 millones de euros a la UTE compuesta por Subterra y Esteyco.
El 24 de agosto, el alcalde emite u decreto donde se acepta la solicitud de abstención de Borja Carabante en este proceso, ordenando su sustitución por la portavoz de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. La adjudicación del contrato no llega hasta el 13 de octubre de ese mismo año.
La edil afea al alcalde una legislatura de "operaciones irregulares" donde esta "concejala independiente sin demasiados recursos" afirma que está "investigando otros contratos".
El Ayuntamiento responde
Desde Alcaldía niegan la investigación a ningún miembro del equipo municipal y prevén que la causa sea archivada.
Tras la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha trasladado a los medios la percepción que desde el Consistorio tienen en cuanto a este asunto: un "uso espurio de los medios judiciales" por parte de la concejala del Grupo Mixto.
Reiteran que "a sabiendas que no hay absolutamente nada detrás", Marta Higueras ha seguido adelante "por evidentes intereses electorales", señala.
Sentencia que enviarán de forma "inminente" la información solicitada por la Fiscalía.