Hace ya más de un mes desde que tuvo lugar la explosión en una vivienda ubicada en la calle General Pardiñas número 35, que puso en alerta a toda la ciudad. Así, los afectados por este trágico episodio han criticado que sus peticiones hayan caído "en saco roto".
Por ello, el Ayuntamiento se ha defendido de estas acusaciones apuntando que se ha mantenido el contacto y que se ha puesto a su disposición de todos los vecinos "en la medida de sus competencias".
Actualmente, se encuentran analizando las prestaciones sociales económicas de carácter especial, con el objetivo de apoyar el alquiler en función de la situación socioeconómica de cada familia. Han solicitado la colaboración de los vecinos.
Samur, Policía Municipal y Dirección General de Edificación trabajan en colaboración con la Junta de distrito de Salamanca para tratar de ofrecer una solución efectiva en el menor tiempo posible, manteniendo informados a los vecinos y conociendo de cerca sus demandas.
Se atendió desde el primer momento a los vecinos
El Samur creó un correo electrónico para canalizar estas necesidades y se han desarrollado varias reuniones para ir actualizando la información a medida que avanzaba el trabajo de los técnicos municipales. El Centro de Servicios Sociales Guindalera ha dado atención a las familias vulnerables: 8 en total.
Al resto de familias se les han ofrecido recursos habitaciones, no obstante, no han aceptado "por resolver con sus propios medios sus necesidades", apuntan en un medio de comunicación. El Departamento de Servicios Sociales de la JMD, por su parte, ha puesto a su disposición orientación jurídica y atención individualizada con un abogado, al que han acudido 34 personas.
El apoyo psicológico es un aspecto fundamental tras un suceso como este. Así, en la Oficina de Información al Consumidor se pueden consultar dudas también en cuanto a los seguros. Desde el Consistorio aseguran, de esta manera, que desde el primer momento de la explosión los técnicos que acudieron tomaron medidas inmediatas de seguridad.