La Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) advierte de que volverá a movilizarse el próximo jueves, 22 de junio, si el Ministerio de Transportes no les brinda soluciones para atajar la solicitud diaria de miles de autorizaciones de VTC, derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Y es que, a pesar del pronunciamiento del TJUE en donde reconoce expresamente la capacidad de sujetar las autorizaciones VTC a criterios medioambientales o de protección del entorno urbano, la posible evolución jurisdiccional tras dicha sentencia, agravada por la inacción del Gobierno, puede suponer la revisión de “una auténtica riada de autorizaciones VTC que estarían habilitadas para realizar servicios urbanos; una situación de la que es responsable el Gobierno por el diseño de normas pasadas, inasumible para nuestras ciudades y, por supuesto, para el colectivo del taxi”, explica el presidente de ANTAXI, Julio Sanz.
En concreto, según exponen desde la asociación, "tenemos conocimiento de la solicitud de más de 130.000 VTC en España y, desde la pasada semana, el número no deja de crecer".
En este sentido, Sanz reconoce “la gran preocupación del sector por una situación que podría corregirse con voluntad política, en la que llevamos inmersos desde 2011, soportando un problema que sólo se da en España”.
Ni este gobierno ni el anterior han protegido a un sector del que dependen más de 70.000 familias
A su juicio, “ni este gobierno ni el anterior han tomado las medidas necesarias para dotar de seguridad jurídica a un sector del que dependen más de 70.000 familias de autónomos y hasta 30.000 de trabajadores asalariados, y que se está viendo vapuleado de forma creciente, año tras año”.
Desde ANTAXI, esperan que el equipo responsable de la cartera de Transportes “reconsidere su posición y ejecute medidas efectivas que frenen la irrupción masiva de VTC”, indica Sanz, al tiempo que confía en que las reuniones previstas para los próximos días sean fructíferas y eviten un nuevo período de movilizaciones del sector.
“Confiamos en la voluntad del gobierno para atajar esta situación, evitando las complicaciones derivadas de las manifestaciones que, aunque pueda parecer lo contrario, son el último recurso para el taxi y solo una muestra de la desesperación de un sector que pide poder trabajar con sus derechos garantizados”, concluye Sanz.