La intervención policial tenía lugar la semana pasada cuando los agentes sospecharon de una furgoneta blanca que recorría la calle de Nicolás Usera recogiendo patinetes eléctricos por el camino. El conductor se detuvo frente a una nave de la calle de Mamerto López y comenzó a vaciar el vehículo de patinetes y a meterlos dentro de la nave, un recinto de más de 2.000 metros cuadrados. Al acercarse a la sospechosa furgoneta, la policía comprobó que en su interior se acumulaban unos 10 patinetes eléctricos. Desde el exterior los agentes observaron que dentro de la nave había casi 80 patinetes apilados sobre una de las paredes y otros 20 colocados en una valla metálica para ser recargados. Algunos de los patinetes, como los pertenecientes a las compañías Cabify y Bird, estaban reunidos en muy malas condiciones y contaban con daños estructurales en las baterías.

La Policía Municipal procedió entonces a identificar al hombre, que explicó ser el encargado de recopilar los patinetes eléctricos de la calle, llevarlos hasta la nave para realizar la recarga y ponerlos de nuevo a disposición de los usuarios en la vía pública.  El individuo invitó a los agentes a entrar para que verificaran su descripción. Los policías constataban que en el interior se encontraban, además, cuatro estaciones de carga compuestas por un cercado metálico: los cargadores estaban unidos entre sí mediante conectores y estos, vinculados a varios enchufes con cables enlazados a una toma general.  

Unos minutos después, el delegado de la instalación se presentaba en la nave, justificando ante los agentes que no contaba con ningún documento sobre el permiso para dicha acción o el seguro correspondiente del negocio. La Policía Municipal de Usera solicitaba entonces a los bomberos del Ayuntamiento la revisión de la instalación eléctrica con el fin de determinar si existía algún riesgo de cortocircuito en esta empresa ilegal de recarga.

 

La operación confirmaba la inexistente licencia por parte del responsable para ejercer la actividad y la posesión de conexiones ilegales a la red eléctrica. Ante esta comprobación, los agentes comenzaron la realización de un informe sobre el peligro del establecimiento y la apertura de diligencias judiciales por un supuesto delito de fraude de suministro eléctrico.

 

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