El pasado 22 de agosto, Comisiones Obreras del Hábitat de Madrid denunciaba de manera pública que el Ayuntamiento de Madrid mantiene un contrato de limpieza para los edificios adscritos al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social con una empresa que, presuntamente, no paga a sus trabajadoras e incumple la legislación laboral.
El Grupo DLR Facility Services SL es la adjudicataria, "un operador global de servicios de mantenimiento especializado en la gestión de Empresas, Edificios, instalaciones y lugares de pública concurrencia", ubicada en Madrid.
Desde Soy de Madrid hemos mantenido una entrevista con CCOO para conocer de cerca cuáles son las demandas de las trabajadoras y, sobre todo, su situación laboral actual. Javier Gómez es el Secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras del Hábitat de Madrid y Laura Romero es la Delegada de personal del lote nº 2, el que afecta a este contrato.
Así, lo primero que nos trasladan es que DLR cuenta, "desde enero de 2021", con la concesión de 3 lotes en materia de limpieza con las Administraciones: el Área de gobierno municipal mencionada, la Biblioteca Nacional y el Ayuntamiento de Torrelodones. "En todos ellos han tenido problemas", sentencia Javier. Sobre todo, las desavenencias han sido fruto del "impago de los salarios en tiempo y forma". Algo que, al parecer, no resulta nuevo, puesto que desde CCCOO recogen en la propia nota de prensa cómo DLR "ha tenido varias sanciones por reiterados incumplimientos".
Nos afirman que desde el final del verano del pasado año, la empresa "ha retrasado el pago mucho tiempo, todos los meses". Es más, en el momento de la entrevista, 24 de agosto, "la nómina del mes de julio todavía no se ha abonado" al Lote 2. A ello hay que añadirle una supuesta desobediencia en sus obligaciones en materia laboral: "contratos que no se ajustan estrictamente a las jornadas que corresponden, el convenio colectivo con respecto al número de horas máximas, el periodo de prueba...", entre otras.
Desde CCOO han elevado este asunto a Inspección de Trabajo porque entienden que la empresa no está poniendo solución a estas presuntas irregularidades, a pesar de haber mantenido ya varias reuniones en aras de una mediación. De este modo, la principal reclamación es "no solo el cumplimiento de la normativa laboral sino, sobre todo, el cumplimiento de las fechas del abono de las cantidades correctas", ya que los continuados retrasos en las nóminas de los empleados supone un "grave problema" en cuanto al pago de sus recibos y otras obligaciones que "tienen sus vencimientos a principios de mes" y, por tanto, no pueden demorarse.
¿Qué tiene que decir la empresa ante estas acusaciones?
En una conversación telefónica con el Grupo DLR Facility Services, la empresa nos reitera que la denuncia de CCOO del Hábitat es "falsa" y que "todo es legal". En resumidas cuentas, lo ha negado todo. Bueno, todo no. DLR sí que admite las sanciones que le han sido interpuestas por el Ayuntamiento de Torrelodones, pero alegan que se trataron de "discrepancias operativas".
No obstante, si accedemos a la página oficial del Consistorio nos encontramos con la noticia, a fecha del 23 de marzo del 2022, donde más que "discrepancias", como apunta la empresa, el alcalde torresano, Alfredo García-Plata, se muestra firme y sentencia el motivo: "los constantes incumplimientos de esta empresa desde el inicio de la prestación del servicio, tanto en la relación con el consistorio como con sus trabajadores, retrasándose de forma reincidente en el pago de sus salarios".
Otro de las afirmaciones que se nos hizo desde DLR fue que contaban con evidencias del pago y de que cumplen estrictamente con el convenio colectivo, además de mencionarnos una inspección realizada donde, según nos indican, se le habría dado la razón al propio grupo. De este modo, las explicaciones ofrecidas terminaron asegurando que "se han atendido todas las preocupaciones" y que se ha tratado de un "problema puntual" a causa de la "coyuntura económica" actual.
A la vista de la situación, el área decidió sacar a licitación el contrato de limpieza, renunciando a la prórroga por dos años que, en condiciones normales, se hubiera aprobado
En este sentido, Javier Gómez recuerda que DLR es "concesionaria de un contrato público", lo que supone que la Administración "les paga unos cánones por prestar esos servicios". Por ello, exigen que si no pueden hacer frente al servicio, "desistan" de este en el caso de que "no cumplan con su parte". Consideran "inadmisible" que el contrato se mantenga aún vigente "a costa de retener o de impagar a las trabajadoras de manera permanente mensualmente".
El Ayuntamiento de Madrid, conocedor de lo que ocurre
Desde los sindicatos con representación en los centros de trabajo se ha informado de esta problemática al Consistorio, además de que "las propias trabajadoras se han manifestado a las puertas de estas administraciones", tal y como ocurrió en Torrelodones.
Esta afirmación es confirmada a Soy de Madrid por el propio Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayto. de Madrid que nos traslada cómo "ha sido informada por las trabajadoras de limpieza de que la empresa adjudicataria se había retrasado en el pago de algunas nóminas". Manifiestan que "se ha actuado en todo momento en defensa de los derechos de las trabajadoras y de la propia administración".
Así, lo que solicitan desde CCOO del Hábitat de Madrid es que se rescinda el contrato o se obligue "a cumplir" en base a este. "Responsabilidad", enuncia Javier. En concreto, quieren actos, ya que entienden que aunque no sean trabajadoras del Consistorio, el Ayuntamiento tiene una relación contractual con una empresa que está "incumpliendo sus labores". Desde el Ayuntamiento descartaron una resolución unilateral "por no tratarse de un proceso ni mucho menos automático, sino muy complejo y que podría dilatarse", no considerándola "la mejor opción para las trabajadoras" tampoco.
No obstante, lo que desde la Confederación no sabían era que el Área "a vista de la situación decidió sacar a licitación el contrato de limpieza, renunciando a la prórroga por dos años que, en condiciones normales, se hubiera aprobado", tal y como nos anuncian a Soy de Madrid. Adelantan que "la licitación está en sus últimas", lo que supone que el nuevo contrato entraría en vigor "en diciembre de este año". En nuestra entrevista con CCOO fue cuando conocieron este proceso, por lo que se muestran reticentes.
¿Qué va a pasar con las trabajadoras?
Si finalmente una nueva empresa se convierte en la adjudicataria, las trabajadoras, en virtud del convenio colectivo, cuentan con el derecho de aprobación, en virtud del cual "pasarían de una empresa a otra en cada una de las concesiones administrativas y no se verían afectadas de manera negativa". De este modo, no perjudicaría a las mismas.