La Comunidad de Madrid reclama que el Gobierno central realice las transferencias no reembolsables y sin condiciones anunciadas de cara a que las autonomías puedan hacer frente al coronavirus. Asimismo, y aunque todavía no se han establecido los parámetros definitivos que regirán el reparto de estos fondos, el Gobierno regional apoya la propuesta inicial de que éste se haga en función de los gastos derivados del COVID-19.
En este sentido, ha recordado que “la Comunidad de Madrid ha sufrido especialmente la emergencia sanitaria y las consecuencias económicas aparejadas a ella”. Por ello, ha alertado de la necesidad de que la actividad económica se reactive lo antes posible ya que, en el caso del escenario más pesimista, podría implicar una caída del PIB del 17,8%, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo y una recuperación lenta y tardía.
Según las estimaciones de la Consejería de Hacienda, hasta el mes de abril, ha supuesto un coste de 610,4 millones, de los cuales 527 se han destinado a Sanidad. el consejero ha explicado que para el conjunto de 2020, y siempre y cuando no haya nuevos rebrotes, “calculamos un impacto global de 2.737 millones de euros”, lo que supone “el 13,45 % del presupuesto actual”.
En el caso del escenario más pesimista, podría implicar una caída del PIB del 17,8%, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo y una recuperación lenta y tardía
Gastos imprevistos
El titular de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha destacado que desde el comienzo de la crisis “las comunidades autónomas hemos afrontado los gastos extraordinarios recurriendo casi en exclusiva a fondos propios”, y ha apuntado que en el caso de Madrid “hasta el momento hemos recibido sólo 109,9 millones de euros. No obstante, si descontamos los 139,5 millones de euros que el Gobierno nos ha quitado por las políticas activas de empleo, al final la operación arroja un saldo negativo para Madrid de 29,6 millones”.
Asimismo, ha recordado que “el resto de los recursos que hemos recibido no son más que un dinero adelantado que ya pertenecía a las administraciones regionales y que íbamos a percibir de cualquier manera, con virus o sin virus”. A ellos, se suman las distintas operaciones financieras llevadas a cabo con entidades y organismos externos, dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Consejo de Ministros. Así, ha citado la primera emisión en España de un Bono Social Sanitario formalizada por Mapfre, o los préstamos bilaterales con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para gasto sanitario.