El decreto para la paralización de los desahucios lleva en marcha meses con el fin de acabar con las desigualdades y verificar el derecho a una vivienda digna a todos por igual. Sin embargo, está sufriendo diferentes baches que suponen algunas modificaciones “técnicas” a fin de poder concretarse exento de demandas o posibles errores.
El objetivo del proyecto es garantizar la protección de aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, aportando así un techo a quienes lo necesiten. El decreto incorpora la obligación por parte de las comunidades autónomas a facilitar el realojo; una vez estas acepten, se realizarán los lanzamientos, posteriormente a un informe de los servicios sociales donde se muestre la situación de la familia.
Los lanzamientos se realizarán una vez se redacte un informe por parte de los servicios sociales sobre la situación de la familia y la comunidad autónoma acepte su realojo
El borrador había sido aceptado tras diferentes negociaciones con la vicepresidenta y el ministerio de transportes, siendo así el ministerio de Asuntos Económicos el principal obstáculo para su puesta en marcha. Este, alega la falta de “seguridad jurídica” y añade una posible demanda por daño patrimonial si el decreto no plantea cambios en su estructura interna.
Además, el hecho de que el texto del preacuerdo incluyese también a familiares en situaciones “precarias” residiendo de forma irregular en viviendas de grandes tenedores, es otro de los grandes impedimentos; uno de los principales motivos por los que se retrasa la aprobación del decreto y no garantiza su presentación en el consejo de ministros es, la clara diferencia entre los socios de la coalición y la figura de los grandes tenedores.
De esta forma, el gobierno ha retrasado la aprobación del decreto hasta que la modificación se realice y pueda evitarse cualquier problema o juicio contrario. Por lo tanto, este plan, ambicioso y dirigido a la protección de las familias con la total intención de conseguir extinguir la desigualdad social y económica entre vecinos, tendrá que esperar.