El Gobierno de coalición PP-Cs ha desistido de la compra del palacete ubicado en la calle General Ricardos del madrileño distrito de Carabanchel, en desuso desde mediados de los 90. A pesar de que el Ejecutivo de Manuela Carmena aprobó en mayo del presente ejercicio una partida de 2,5 millones de euros a través de las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) con el objetivo de adquirir este espacio y destinarlo a dotación pública, esto no ocurrirá. Así lo avanzó el coordinador general de Contratación y Política Financiera, José Canal, al explicar que se habían detectado numerosas IFS cuya viabilidad era refutable, “principalmente por argumentos técnicos, pero también por no tener enlace con los objetivos del nuevo equipo".
El portavoz de Más Madrid de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha lamentado el desistimiento por el que opta el Gobierno de PP y Cs ya que se trata de "un inmueble bien situado y emblemático que iba a ser destinado, tras su recuperación, a usos dotacionales en función de las necesidades de los vecinos". También ha remarcado que su rehabilitación es una demanda ciudadana.
Se han detectado numerosas IFS cuya viabilidad es refutable, principalmente por argumentos técnicos
El espacio, al detalle
El inmueble cuenta con un nivel de protección 2 grado estructural, lo que limita los usos que se podían dar al mismo. El edificio se concibió primero como hotel y después como asilo -adquiriendo dicha condición bajo la fundación de Ramona Goicoechea e Isusi-. El año pasado, los vecinos propusieron a través de los presupuestos participativos recuperar el complejo y que éste se convirtiese en un espacio multicultural, demanda que ha recordado el propio García Castaño.
La parcela en la que se levanta el palacete, calificado como equipamiento privado, tiene 2.928 metros cuadrados, de los que 1.575 son de superficie construida en dos plantas. El nivel 2 de protección 2, grado estructural, afecta al edificio y a la parcela, por lo que es obligatoria su restauración y rehabilitación. El Ejecutivo de Manuela Carmena se planteó hacerse con dicho complejo para instalar las dependencias de la Junta Municipal, si bien fuentes municipales indicaron entonces que estaban abiertos a valorar otros usos.