Ya se conocen nuevas novedades en el Caso Mascarillas y su investigación en los juzgados. Así, el juez Adolfo Carretero ha rechazado la petición del empresario San Chin Choon, empresario malasio involucrado, de testificar por vía videollamada a causa de la falta de garantías procesales y de legalidad.
El testimonio de San Chin Choon es un aspecto fundamental para poder desarrollar la investigación como se debe, puesto que es el presunto proveedor del material sanitario que Luis Medina y Alberto Luceño habrían vendido al Ayuntamiento por un valor que asciende a los casi 11 millones de euros; 6 de ellos resultaron derivarse en comisiones. Los investigados declararon que pertenecían en exclusiva a Leno, la empresa malasia.
El Servicio de Logística y Actos en Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid tendrá que entregar el número suficiente de mascarillas adquiridas a esta empresa para poder comprobar su certificación y realizar un análisis de calidad.
Por otro lado, el juez rechaza las diligencias de prueba solicitadas por el PSOE en relación a los correos electrónicos de Elena Collado, la que en su día fuese responsable de Compras y actual Coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.
No se investigará más al Ayuntamiento
Lo que se investiga es una presunta estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid y a la Funeraria municipal, además de falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, en los casos de Medina y Luceño.
La mala gestión de este asunto en la ejecución de estos contratos, sin duda puede tener un gran interés político, e incluso generar alguna responsabilidad política, pero ello es ajeno al proceso penal, sin perjuicio de que los perjudicados ya han aportado a juicio de esta instrucción la documentación esencial requerida
Por ello, ambas instituciones tendrían la calidad de perjudicadas en vez de investigadas, puesto que "ningún funcionario del Ayuntamiento o Gestor Político del mismo ha sido imputado hasta el momento, desestimando la Audiencia Provincial varios recursos contra su imputación, incluso contra la de personas ajenas al Ayuntamiento, a las que se quería imputar por tráfico de influencias", en alusión al primo del alcalde.
Destacan desde el juzgado que "la mala gestión" del asunto en la ejecución de los contratos sí que podría tener interés político y, en consecuencia, generar "alguna responsabilidad política"; algo que se encuentra ajeno al proceso penal y sin perjuicio de los perjudicados, que ya habrían aportado la documentación requerida y necesaria.
"No tienen por qué ser objeto de diligencias como si fuesen imputados, en una especie de investigación prospectiva para ver si algún funcionario o gestor del Ayuntamiento fuese cómplice o cooperador necesario en la estafa, o hubiera cometido una malversación de fondos públicos dolosos, pues como ya ha dicho este Instructor en otras resoluciones, la malversación imprudente está despenalizada", reitera.
De este modo, quedaría claro que ya no se requiere más documentación para acreditar el engaño sufrido a consecuencia del material sanitario en plena pandemia.
Finalmente, el empresario malasio podrá ser, incluso, imputado, puesto que no se mantienen tratados internacionales con Malasia en el aspecto judicial, algo que pone en riesgo la seguridad jurídica y la legalidad internacional de su declaración por vía videollamada. Su rechazo a venir a España y los sucesivos cambios de postura en cuanto a su relación con el proceso, supone un motivo de sospecha para el juez.