El Ayuntamiento de Madrid desalojará el Palacio de la Infanta Carlota en el plazo de 10 días, por “riesgo estructural y de salubridad”. Así lo ha notificado el Área de Desarrollo Urbano a los ocupantes del edificio situado en la calle Luna 32
El Palacio de la Infanta Carlota se trata de un inmueble de titularidad municipal que se obtuvo por expropiación en el año 2011 y sus vecinos fueron indemnizados y realojados.
Los ocupantes del inmueble tienen 10 días para realizar el ‘desalojo voluntario’, y una vez se venza el plazo, los responsables de la operación, en colaboración con la Policía Municipal y los Servicios Sociales, realizarán una inspección para comprobar que las viviendas están desalojadas. En el caso de que no se haya producido “se procederá a notificar a los ocupantes la fecha del lanzamiento administrativo”, indican desde el equipo del delegado Mariano Fuentes.
Se están realizando las labores necesarias para buscar la solución habitacional a los ocupantes que según los criterios de servicios sociales tengan derecho
Condiciones precarias
El consistorio cuenta con un informe de las fuerzas de seguridad municipales, en el que se recoge que no existen unas condiciones de seguridad, ya que “el edificio está apuntalado en la escalera principal que da acceso a las plantas. No sólo en las escaleras existe el apuntalado, también en algunos pasillos que dan acceso a las viviendas".
El informe también asegura que “existe un riesgo de insalubridad por la cantidad de basura acumulada” y una “economía sumergida” porque ciertas personas que ocuparon las viviendas se están lucrando alquilando habitaciones, lo que ha provocado una situación de masificación.
Además, en el edificio viven una gran cantidad de menores, el 20% de los ocupantes, a los que las deficiencias de seguridad e insalubridad les podría provocar “enfermedades respiratorias y/o infecciones pulmonares”.
Desde el distrito Centro, donde se encuentra el inmueble, afirman que "se están realizando las labores necesarias para buscar la solución habitacional a los ocupantes que según los criterios de servicios sociales tengan derecho".