El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares a petición de Más Madrid en busca de que se suspendiese la prórroga de la entrada de vehículos de mercancías ligeros con etiqueta B puedan acceder a la ZBE del Distrito Centro.
El pasado 20 de enero, esta medida era anunciada por el Gobierno municipal extendiendo los accesos de este tipo de vehículos hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.
Desde el Consistorio apuntaban que lo acordado respondía al "interés general" para favorecer la distribución de mercancías y el desarrollo de la actividad económica en una zona con mucho movimiento comercial.
Así, desde Más Madrid trataron de 'revertir' la prórroga con una solicitud de medidas cautelares, apuntando la "regresión" de la moratoria y la "infracción del principio básico de tramitación de los proyectos de normas".
El Ayuntamiento se defendía de las acusaciones ambientales recordando el elevado coste de los vehículos eléctricos, la subida de los precios a causa de la crisis energética, el descenso de los accesos tras aprobar la medida o el cumplimiento de los niveles de dióxido de nitrógeno en base a la normativa europea que se cumplió por primera vez en 2021.
Afirmaciones genéricas e indeterminadas que no han sido debidamente acreditadas
De este modo, el TSJM considera que no existen motivos para aceptar las medidas cautelares solicitadas, puesto que la medida no estaría vulnerando el principio de no regresión en materia medioambiental, tal y como señalan desde la formación.
La Justicia señala que "no se produce una disminución de la calidad del aire, ya que los vehículos con distintivo B no tenían prohibida la entrada con anterioridad".
Por ello, "no resulta procedente una disposición genérica y sin rigor entre el derecho a la salud de los ciudadanos y los intereses económicos". Una forma de decir que las afirmaciones "genéricas e indeterminadas" de Más Madrid en cuanto a un empeoramiento de la calidad del aire y, por tanto, de la salud de la ciudadanía "no han sido debidamente acreditadas".
Sentencian, finalmente, cómo esta medida sí estaría cumpliendo con el interés general que "coincide además con el de los ciudadanos que, con menores recursos económicos, pueden tener mayores dificultades para la adquisición de otros vehículos en sustitución de aquellos a los que se prohíbe el acceso".