Según este estudio, en Europa, alrededor del 10% del total del empleo (24 millones de puestos de trabajo) sufrirán esta doble amenaza por medio de la reducción de salarios y horas de trabajo, ERTEs o despidos permanentes. 

La transposición de esta metodología a España, confrontándola con la Encuesta de Población Activa (EPA), muestra que hasta siete millones de empleos estarían amenazados en la próxima década por los efectos de esta pandemia y corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas. En nuestro país, la distribución del tejido productivo está excesivamente focalizado en los sectores más indefensos a efectos de la pandemia y riesgos de automatización y nos afecta más que al resto de países europeos. Los sectores más afectados son la hostelería, el comercio al por mayor/menor o la construcción. 

El informe señala que la mayoría de los despidos o rebajas salariales se cebarán en las personas con menor nivel educativo. Hasta el 80% de los posibles afectados por ambas amenazas serían estas personas. Además, en línea con otros informes publicados por Eurofund o la Comisión Europea, el documento afirma “que la demanda de empleos basados en capacidades manuales decaerá un 20% en la próxima década, mientras que los empleos que exigirán capacidades digitales avanzadas se incrementarán en un 40%”. 

A esto se le pueden sumar los datos relevados por el Foro Económico Mundial que predice que “el 54% de los trabajadores deberá mejorar su capacitación en el próximo lustro y que, de ellos, el 35% necesitará 6 meses para conseguirlo y otro 10% precisará de más de un año”. Por lo que aseguran desde la UGT que “el panorama no puede ser más alarmante”. 

Por ello, UGT propone de nuevo una serie de medidas para que este proceso tecnológico revierta en progreso y prosperidad para todos. Aumentando así los niveles de empleo de calidad, productividad, justicia, igualdad e inclusión social. Estas medidas están divididas en tres partes que van de corto a largo plazo. 

• A corto plazo, requieren de desarrollar un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, que no deje a nadie atrás; actualizar la educación a las demandas actuales del mercado de trabajo; confeccionar políticas activas de empleo que formen a los trabajadores en las nuevas tecnologías; incluir en la negociación colectiva la necesidad de analizar el impacto en el empleo que trae esta revolución digital; y crear el derecho a la formación continua en el puesto de trabajo para estas herramientas.
• A medio plazo, reducir paulatinamente la jornada laboral y la vida laboral a medida que el empleo se va automatizando, llegando a las 32 horas semanales (4 días de jornada laboral) sin reducir el salario; y promocionar el empleo en aquellos sectores que se beneficiarían directamente de la reducción de la jornada laboral, como los relacionados con la salud y los cuidados, el ocio o la ecología.
• A largo plazo, desarrollar nuevos impuestos asociados a las nuevas tecnologías, con el fin de repartir de manera más igualitaria la riqueza que se genera en la empresa gracias a la inclusión de las tecnologías; y poner en marcha nuevos sistemas de rentas para aquellos trabajadores que no puedan adaptarse a esta nueva realidad.