Los máximos representantes de las federaciones vecinales de Barcelona y Madrid, la FAVB y la FRAVM, respectivamente, han hecho público un escrito enviado al Defensor del Pueblo con el objetivo de que este organismo intervenga para "proteger los derechos fundamentales que se están vulnerando por la expansión descontrolada de las terrazas de hostelería". Un escrito que también ha contado con el apoyo de FACUA Madrid.
Desde la FRAVM apuntan que el problema es "tan grave" y la voluntad de las administraciones para solucionarlo "tan pequeña", que se ha desarrollado esta iniciativa sin precedentes para pedir una intervención urgente al Defensor del Pueblo en relación con la hostelería en ambas ciudades. No obstante, apuntan que se trata de una problemática que estaría afectando a muchos municipios del Estado, sobre todo aquellos que cuentan con una distinción turística especial debido al ocio que acumulan en relación a su tamaño.
En una comparecencia que ha tenido lugar de forma simultánea en las sedes de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), sus presidentes, Ana Menéndez y Quique Villalobos, respectivamente, acompañados de Marian Díaz, la presidenta de FACUA Madrid, han presentado el escrito que unas horas antes habían enviado a Ángel Gabilondo solicitando, en primer lugar, “la incoación de una investigación” por posible vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía.
Y, en segundo lugar, en el caso de que esa investigación confirme las denuncias y quejas vecinales, “proceda a remitir advertencias a las autoridades” de las dos ciudades a fin de que cesen “ en su “actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras precisas para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas, y para que cesen las vulnerables de derechos”.
Además, destacan que las medidas adoptadas por ambos Consistorios "no han servido de absoluto". ¿Las razones? Algunas por su "escasa eficiencia" y otras "por la incapacidad (o falta de voluntad) de hacerlos cumplir".
Estamos ante dos ayuntamientos con colores políticos distintos que comparten un mismo problema: su fracaso a la hora de regular, logrando la conciliación con el descanso y el derecho a la ciudad del vecindario, un fenómeno que con la pandemia de la Covid-19 ha adquirido unas dimensiones nunca vistas
En su escrito al Defensor del Pueblo, las organizaciones vecinales y de consumidores dan cuenta de los problemas más comunes provocados por las terrazas de hostelería, que dividen en dos bloques, los derivados del incumplimiento sistemático y prolongado de la normativa vigente, algo “demasiado habitual en el sector” y los ocasionados por su saturación en determinados territorios, tal es el caso de zonas turísticas y de ocio como Gracia, Ciutat Vella, Avenida Gaudí, Plaza de San Joan, La Rambla y calle Enric Granados en Barcelona o como La Latina, Malasaña, Ibiza, Ponzano, Letras y Chueca en Madrid, por citar solo una docena de ejemplos.
Denuncian que estos lugares llevan "demasiado tiempo" sufriendo una "elevada contaminación acústica y ambiental", algo que, destacan, tiene graves consecuencias para la salud. Reiteran que se están vulnerando derechos básicos como son los de la integridad física, intimidad personal y familiar y el disfrute de un medio ambiente adecuado, entre otros. También mencionan la vulneración del principio de igualdad y de no discriminación.
Otros de los incumplimientos que recriminan desde la FRAVM es la instalación del número de sillas y mesas superior al autorizado o los horarios de cierre, además de una falta de recursos para aplicar las normativas y, en el caso de Madrid, las ya famosas "Declaraciones responsables" (DR), "que son aprovechadas por numerosos hosteleros para incumplir las normas de manera reiterada".
Una vez concluida la investigación solicitada, si esta refleja un resultado “confirmatorio” de las realidades denunciadas por las entidades vecinales y de consumidores, estas piden al Defensor que “proceda a remitir advertencias de ello a las autoridades municipales a fin de que cesen en esa actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras precisas para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas, y para que cesen las vulneraciones de derechos denunciadas”.