Parece que las acusaciones hacia el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunto delito de revelación de secretos no tienen dónde sostenerse. Según el último informe de la UCO, no se ha encontrado el correo que envió el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a García Ortiz por el supuesto fraude fiscal de 350.000 euros. Un mensaje que se filtraría a los medios de comunicación y en el que intentaban negociar un acuerdo que no tuviera consecuencias mayores.
Una vez apareció dicho email en la prensa, González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que este hecho suponía una "vulneración al derecho al honor y una revelación de secretos". Motivos que llevaron a la investigación del Fiscal General, a quien apuntaban como presunto responsable.
No obstante, según las últimas pesquisas, no se ha encontrado mensaje alguno en el móvil de García Ortiz entre los días 8 y 14 de marzo, periodo en el que, deducen, se habría mandado el correo electrónico. Además, parece que el Fiscal General habría recibido ese mensaje una vez ya se pasó a los medios de comunicación, por lo tanto, ¿cuál es el origen de la filtración?
Según la UCO, altos cargos del Gobierno de España tenían conocimiento del email, algo que deducen tras haber revisado el móvil del ex secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, quien ya puso en conocimiento de la notaría los mensajes recibidos de su compañera de partido, Pilar Sánchez-Acera, con el documento objeto de denuncia.
Sánchez-Acera también ha cantado asegurando que este correo se encontraba ya en los medios de comunicación, situándoles como origen de la filtración, pero la UCO cuestiona que sea ese el orden cronológico de los hechos.
Por su parte, Pedro Sánchez se ha pronunciado ante las últimas averiguaciones de los investigadores. El presidente del Gobierno considera que el informe exoneraría al Fiscal General, al que ahora deberían "pedir perdón" por "haberle acusado sin pruebas".
Para Sánchez, no hay más caso que el que envuelve a González Amador, pareja de Ayuso, a quien exige responsabilidades políticas. "La verdad es que hay una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una pareja que ha cometido un delito fiscal, así lo ha confesado, contra Hacienda", mantiene el líder del Ejecutivo, señalando que no se sabe si la regidora madrileña tenía conocimiento o no de estos hechos, pero "ni ella ni el presidente del PP asumen ni exigen responsabilidades políticas".