El curso escolar 2019/2020 comienza con una esperada noticia: comienza a aplicarse la Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular en la Comunidad de Madrid. Todos los colegios e institutos de titularidad pública, un total de 1.135, deberán aplicar el sistema de préstamo. También en la mitad de los centros concertados, para los cuales la incorporación a este sistema es optativa, se aplicará esta ley.
El banco regional de volúmenes escolares, conocido como Programa Accede, cuenta con 1,4 millones de ejemplares, aunque se calcula que, con las compras realizadas por los equipos directivos, en septiembre cuenten con 2,4 millones de volúmenes, según señala la Concejalía de Educación.
El sistema de gratuidad de libros de texto es obligatorio en Primaria, Secundaria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. En cuanto a Educación Infantil, las familias beneficiadas de esta ayuda serán los que tengan niños con necesidades educativas especiales o residentes en hogares con menos de 4.260 euros de renta per cápita.
Un “adelanto” en el curso escolar anterior
En el pasado curso 2018-2019 sólo se acogieron a la Ley de Gratuidad de Libros de Texto unas 150.000 familias con recursos económicos limitados. Esta ley fue aprobada en la Asamblea de Vallecas en el año 2017, pero no será hasta septiembre cuando se incorpore esta normativa que, según explicaban desde el Gobierno autonómico, no se aplicó en el anterior curso por cuestiones administrativas.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos destacan que la fianza, que en algunos casos pueden llegar a los 60 euros, es excesiva
La polémica alrededor de esta ley
La Comunidad de Madrid ha asegurado que la acogida ha sido bien recibida entre los beneficiarios del curso anterior. A pesar de ello, todavía existen cuestiones polémicas alrededor de este sistema de préstamo. Por un lado, desde el sindicato CCOO se ha reivindicado que no se haya aplicado la figura del administrativo encargado de la gestión del sistema de préstamo en la región, delegándose esta responsabilidad a los coordinadores de los centros, elegidos por los profesores. El sindicado ha hecho hincapié en la saturación de trabajo que puede provocar, aunque la Consejería de Educación apunta que la situación está controlada.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos destacan que la fianza, que en algunos casos pueden llegar a los 60 euros, es excesiva. Según señalan, “se puede llegar a la absurda situación de comprar el lote, adquirir el lote del siguiente curso pagando los 60 euros correspondientes, entregar al final de curso algún libro que se considere en mal estado y, por lo tanto, el lote no sea aceptado con lo que la Administración se queda con los 60 euros y la familia tiene que volver a pagar un lote de libros completos”. Además han añadido que el intercambio debería realizarse por libros individualmente, y no por lotes.