"Madrid es la única Comunidad Autónoma de todo el Estado que aún mantiene una sobrecarga de horas lectivas de entre 2 y 3 horas semanales para el profesorado de la educación pública", así lo afirman desde los sindicatos CGT, CNT, STEM y UGT. "Una medida implementada a raíz de los recortes de 2011 que el resto de comunidades ya han revertido y que en Madrid empeora de manera directa la calidad de la educación pública", aseguran.
Este incremento de horas lectivas supone tener menos tiempo disponible para atender adecuadamente al alumnado, dar respuesta a las necesidades educativas diversas, comunicarse con las familias, o trabajar en los proyectos de centro que mejoran la convivencia escolar y la calidad educativa. "Los recortes de 2011 no solo incrementaron las horas de clase, también implicaron el despido de miles de docentes y la subida de las ratios en las aulas", señalan.
Ahora la educación pública se moviliza y presenta esta tarde en la puerta del Sol a las 18.00 horas su campaña “Menos lectivas, más calidad”. La campaña se está articulando desde una asamblea general, y desde distintos centros educativos, que han formado asambleas y una recogida de firmas para volver a las lectivas habituales como pasos previos a una serie de movilizaciones. Como señala David Domínguez Sánchez, docente en el IES Antonio Fraguas Forges y uno de los portavoces de la campaña “No queremos trabajar menos, queremos trabajar mejor. Porque menos horas lectivas supone una mejora de la atención individualizada, poder preparar mejor las clases y una mejora directa de la atención a la diversidad”.
No queremos trabajar menos, queremos trabajar mejor
“No estamos solicitando nada excepcional, pedimos una vuelta a la jornada habitual. Es una medida que ya han acordado todas las Comunidades Autónomas menos Madrid y que supondría, además, la creación de empleo y la reincorporación de cientos de compañeras y compañeros”, afirma Alicia del Río del CEPA Daoiz y Velarde, también portavoz de la campaña.
Los ataques de la Comunidad de Madrid a la educación pública son constantes: segregación del alumnado, cierre de aulas, oferta de plazas insuficiente para FP y escuelas infantiles, privatización de servicios indispensables (como la limpieza o la gestión de las becas), eliminación del Bachillerato presencial nocturno, o el reciente aumento de ratios en las aulas TEA que ha provocado la indignación de familias y profesorado de los centros de atención preferente a este alumnado.
Todo esto en el marco de políticas y concesiones hechas a medida para entidades privadas, que han supuesto una alfombra roja para el lucro con el negocio educativo: desde la concesión de suelo gratuito con concierto incluido para montar nuevos colegios concertados (en contra de la propia ley de conciertos educativos) hasta las becas a rentas altas para estudiar Bachillerato en centros privados.